Los integrantes del grupo municipal socialista han salido a la palestra para transmitir su punto de vista sobre la polémica surgida en torno a la ocupación en el año 2005 de los terrenos situados en el margen derecho del río Arandilla curso arriba del Parque de la Huerta para el proyecto de acondicionamiento de las riberas que ahora, después de un proceso judicial, ha dado como resultado que el Ayuntamiento debe pagar una indemnización de al menos cuatro millones de euros que podrían pasar a ser seis, y lo hacen siguiendo la línea de los anteriores munícipes que han opinado sobre el asunto y devuelven la pelota que podría haber caído en su tejado en lo que a responsabilidades se refiere.
Los ediles del PSOE en Aranda recuerdan que los trámites necesarios para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se hicieron con un equipo de gobierno del PP al frente del Consistorio de la capital ribereña, tanto la aprobación inicial, que recibió 180 alegaciones, como la provisional, a la que se opusieron 325 alegaciones y que ellos votaron en contra. Su portavoz, Luis Briones, recordó que no fue hasta marzo del año 2000 cuando, con él ocupando el sillón de la Alcaldía, se aprobó el texto refundido del PGOU tras subsanarse unos requerimientos de la Comisión Provincial de Urbanismo. «En esa ocasión, todos votamos a favor menos IU, y lo hicimos porque estábamos hartos de una tramitación muy larga y casi no debatimos este punto, sólo queríamos aprobarlo», recordó Briones.
En cuanto a la creación de una comisión de investigación, el portavoz del PSOE considera que no sería necesaria. «No hace falta crear una comisión de investigación, sólo hace falta leerse las actas, mirar la documentación que hay en el Ayuntamiento. Yo recomiendo que se mire quién o quiénes pueden ser los responsables de haber incluido determinadas zonas, no es el primer error que hay aquí», declaró, ya que considera que «alguien ha querido salpicar a todos, decir que todos somos responsables, pero no es verdad».
En cuanto a la implicación de un equipo de gobierno del PSOE en este asunto, el concejal Eusebio Martín, que ocupó la presidencia de la Comisión de Obras y Urbanismo, aseguró que «el equipo de gobierno anterior ni ocupó, ni modificó, ni tramitó, lo que hicimos fue recoger una reclamación que había entrado en el Ayuntamiento y darla trámite» por los cauces municipales apropiados, es decir, «primero en las comisiones oportunas de Urbanismo y segundo, como pidió la comisión, que se emitiesen las valoraciones económicas correspondientes y la comisión exigió al equipo de gobierno que no se pagase la compensación».
Tras esta decisión tomada en la comisión informativa de Obras, fue cuando el propietario de los terrenos ocupados para hacer esta parte del proyecto de la recuperación de las riberas de los ríos que atraviesan la capital ribereña decidió acudir a los tribunales para luchar por sus derechos. Martín aseguró que «aseverar que la responsabilidad es del equipo gobierno anterior es faltar a la verdad de una manera descarada porque nosotros sólo tramitamos una reclamación de una ocupación de terrenos que llevaba hecha bastantes años y que no se pudo pagar porque la oposición quería ver cosas raras», concluyó.