Tras mantener durante toda la legislatura una posición «neutral», y unas horas antes de que se debata en el pleno una nueva moción del PSOE contra el fracking, el equipo de gobierno del PP se ha posicionado de forma clara en contra de esta técnica de extracción de gas pizarra y anuncia la presentación de alegaciones a los estudios de impacto ambiental de los sondeos Urraca ySedano.
«La Diputación hará todo lo posible para que no se desarrolle el fracking en la provincia», manifestó el portavoz del equipo de Gobierno, Borja Suárez, tras la reunión que mantuvo el presidente de la institución provincial, César Rico, con los alcaldes afectados por estos proyectos, entre los que se encontraban, el de Medina de Poma, José Antonio López Marañón; la alcaldesa de Villarcayo, Mercedes Alzola; el alcalde de la Merindad de Río Ubierna, Raúl Martín Bellostas; el regidor de Sargentes de la Lora, Leoncio Ruiz, y el de Villadiego, Ángel Carretón.
Suárez recordó que el Grupo Popular en la Diputación «siempre hemos mantenido en este asunto una posición de neutralidad a expensas de los alcaldes y ahora hemos decidido el conjunto de alegaciones que vamos a presentar a los estudios de impacto ambiental» y también señaló que la institución provincial «sufragará los gastos de los informes que acompañarán las alegaciones que ya tenemos hechas, llevamos mes y medio trabajando en ellas, porque al igual que los alcaldes afectados por los sondeos no compartimos la técnica del fracking».
El portavoz del PP insistió en que tratarán de que no lleguen los permisos de explotación «entrando en todas las fases del expediente y la primera es la del estudio de impacto ambiental contra el que se puede alegar hasta el día dieciséis, y después continuaremos alegando contra los siguientes pasos que vaya dando la empresa. Tomaremos todas las medidas oportunas para que no se desarrolle la fractura hidráulica en Burgos».
Suárez entiende, al igual que los alcaldes, que «no hay garantías sobre el fracking y hay cierta desinformación» y apunta que «es ahora, cuando hay un estudio de impacto ambiental en información pública, cuando hay que posicionarse con los ayuntamientos, que mayoritariamente está en contra de esta técnica. Siempre dijimos que estaríamos con los municipios y que apoyaríamos su decisión porque los contrario sería una irresponsabilidad».
Críticas al PSOE. Esta postura del equipo de gobierno en contra del fracking se conocía poco después de que la diputada socialista Esther Peña presentara la moción que su grupo defenderá en la sesión plenaria de hoy en la que solicitan que la Diputación «muestre su oposición a la técnica de la fractura hidráulica y declare la totalidad del territorio de la provincia libre de fracking». Además, los socialistas también insta a presentar alegaciones y a poner a disposición de los municipios los servicios técnicos y jurídicos de la institución provincial para la redacción de las alegaciones, es decir la moción ya no tiene sentido una vez que el PP ya ha tomado, de acuerdo con los ayuntamientos afectados, esas decisiones.
Peña, tras criticar la hasta ayer ‘ambigua’ postura del PP, recordó que el Defensor del Pueblo ha solicitado más información sobre el fracking y que también se está a la espera de un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la posible afección a la central nuclear de Santa María de Garoña, «que se encuentra a 22 kilómetros de uno de los sondeos», apuntó, a la vez que señaló que todos los grupos del Congreso, «excepto el PP se oponen a esta técnica». Peña reclamó un posición clara del PP en este asunto «porque Burgos parece el laboratorio energético del PP, primero fue la central nuclear de Garoña, luego las energías alternativas y ahora el fracking».
En relación a la propuesta socialista, Suárez señaló que no entendía que el PSOE, a siete semanas de las elecciones municipales y autonómicas, presente por cuarta vez en lo que va de legislatura una moción contra el fracking, una postura que calificó de «oportunista» y se preguntó «qué han hecho ellos contra el fracking al margen de presentar esta moción oportunista».
Además de la presentación de alegaciones, el Grupo Popular tiene previsto comunicar al Gobierno central y a la Junta la postura de la Diputación y de los Ayuntamientos burgaleses afectados por los sondeos.