La Junta de Gobierno del Ayuntamiento arandino ha acordado solicitar a la Junta de Castilla y León que proceda a la mayor urgencia al deslinde de la vía pecuaria que discurre entre Aranda y el barrio de Sinovas en el tramo comprendido entre la avenida de San Francisco y la ermita de San Isidro para comprobra si la pista invade terrenos privados y tratar de zanjar de una vez por todas el contencioso que mantiene con José Luis Hervás, el disconforme propietario de la parcela que ha retrasado dos décadas la culminación del proyecto.
El portavoz del equipo de gobiergo, Máximo López, explicó que finalmente se ha accedido a la pretensión del titular de los terrenos, que sostiene que por su tierra no discurría la Vereda de San Isidro -disminuida a cordel en 1953-, porque por primera vez en estas dos décadas de conflicto «este señor -indicó- que ejerce unos derechos muy discutibles» ha presentado un escrito con una solicitud formal para que se dé este paso.
Así se ha solicitado a la Administración regional que, a diferencia de la cuestionada delimitación realizada en 1992, en esta ocasión se realice siguiendo las pautas, hitos y anchura establecidos en la Orden Ministerial de 9 de abril de 1953, que redujo su anchura a 20,89 metros, previa citación de todas las partes interesadas y, en concreto a José Luis Hervás, quienes podrán aportar a los técnicos los testimonios de personas conocedoras del terreno y las pruebas documentales que consideren necesarios; entregándose después copia del Acta y documentos levantados en dicha diligencia.
En cualquier caso Máximo López, que señala que hasta ahora el dueño de la parcela había intentado «ejercer determinadas pretensiones por la vía de hecho, pero no presetando escritos ni documentación», no se mostraba muy confiado en que la petición surtiera efecto «porque lo más seguro es que la Junta conteste que ya está deslindado».
El abogado de José Luis Hervás discrepa con esta afirmación, al tender que para determinar el trazado del carril-bici aprovechando dicha vía pecuaria, no se hizo por parte de la Junta, como administradora de las vías pecuarias y como era obligado por ley, deslinde alguno con las propiedades colindantes «lo cual es una ilegalidad».
El letrado ha confirmado a DB que tras alcanzar el acuerdo con el equipo de gobierno municipal para reclamar el deslinde, van a dejar un margen de confianza prudencial de tres o cuatro meses para que se realice el trabajo. Sin embargo advierte de que en caso contrario van a plantear una demanda civil para que se obligue a la Administración regional a realizarlo y posteriormente reclamar daños y perjuicios por la ocupación de unos 600 m2 de terreno cuando solo le han expropiado 27.