Para paliar el drama de los afectados por ejecuciones hipotecarias, la Gerencia de Servicios Sociales aprobó este ejercicio una partida de 120.000 euros destinada al pago de los alquileres sociales y el impuesto de la plusvalía de aquellas familias en ejecución hipotecaria o con una dación en pago sobre su vivienda habitual que se hubiese producido a partir del 1 de enero de 2011. Hasta este momento el Ayuntamiento ha concedido 18 subvenciones por un importe de 34.000 euros y tiene en estudio otras 8 peticiones.

Entre unos y otros suman 26 familias, una cifra inferior a la que la Gerencia esperaba, de ahí que se hubieran destinado 120.000 euros: «Tal y como está la situación pensábamos que iba a haber más demanda, pero no sabemos si la gente no se ha enterado -lo que nos extraña porque hemos hecho una difusión amplia-, que no se animan a presentarlo o que hay menos personas de las que creíamos que cumplan los requisitos», resumía ayer la concejala de Acción Social Ana Lopidana.

De ahí que desde el propio Ayuntamiento recuerden la disposición de fondos y el plazo para solicitarlo:«Invitamos a todos los burgaleses y burgalesas afectados por esta situación a que presenten su solicitud antes del 1 de noviembre, que es cuando termine el plazo. Que se pasen por la Gerencia y pregunten, porque la ayuda para la plusvalía se puede conceder con carácter retroactivo», subrayó.

Si con las peticiones en estudio y las que todavía puedan presentarse no se cubre la cantidad destinada a este fin -en estos momentos dispondrían aún de 86.000 euros-, el dinero se destinará a otros proyectos sociales.

A concurso

Por otro lado, Acción Social ha sacado a concurso dos servicios: el de Teleasistencia y el de Ayuda a Domicilio. El primero tiene un presupuesto de 164.736 euros y 16 euros al mes por terminal. En el caso del Servicio de Ayuda a Domicilio el importe asciende a 2.068.828 euros, e incluye la subrogación del personal contratado.

Ambos contratos tienen una duración de dos años con posibilidad de prórroga de uno más.