Los miembros de la plataforma ‘Justicia Cercana’ agradecen al nuevo ministro Rafael Catalá que nada más tomar posesión de su cartera se haya comprometido a «mantener la estructura y organización judicial actual». Pero al mismo tiempo demandan que la futura Ley Orgánica del Poder Judicial no contemple la creación del tribunal provincial de instancia, que sí incluyó su antecesor en el puesto, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando fue redactado el anteproyecto. «Rechazar la constitución de ese órgano» sería un gesto inequívoco de que su propósito «es conservar el actual modelo de partidos judiciales», señala Aurelio González, abogado de Villarcayo y portavoz de dicha plataforma.
Catalá ha declarado que dentro de quince días presentará el proyecto de la Ley del Poder Judicial, parece que desvinculándose de los planes de su predecesor, que renunció después de que Rajoy declinara aprobar la Ley del Aborto que Ruiz-Gallardón impulsó. Si el nuevo ministro cumple su palabra la nueva norma que regulará el funcionamiento de la Justicia en España seguirá apostando por los partidos judiciales, no hablará de «sedes desplazadas» que se mantendrían en función de una serie de requisitos, tal como rezaba el anteproyecto.
Sin embargo, la plataforma ‘Justicia Cercana’ pide algo más, porque, si la nueva Ley del Poder Judicial sigue hablando de tribunales únicos de instancia de ámbito provincial, «siempre cabe la posibilidad de que cuando se acometa la reforma de la Ley de Demarcación y Planta ésta suprima las actuales circunscripciones». En Burgos son siete en la actualidad, la de la capital, Miranda, Aranda, Briviesca, Lerma, Villarcayo y Salas de los Infantes. Y los integrantes de la plataforma no quiere que desaparezca ninguna.
González duda de que la Ley del Poder Judicial pueda aprobarse en esta legislatura, dado que solo queda un año para las elecciones generales «y el ritmo de tramitación parlamentaria es lento». Lo que no impide que Catalá fije sus criterios a la hora de presentar el proyecto. Y es en ese punto en el que la plataforma exige un compromiso más allá del de mantener la actual estructura, «porque podría suceder que en la próxima legislatura -con cuatro años por delante- se carguen las demarcaciones».
El portavoz de la plataforma no está seguro de «cómo encajarían los partidos judiciales en un modelo con tribunal provincial de instancia», de ahí que reclamen que Catalá se olvide de poner en marcha este tipo de órgano. El colectivo considera que la Justicia es «una pieza básica del sistema y para seguir siéndolo ha de ser cercana y accesible».
Acuerdo en el Senado
Precisamente ayer hubo sesión de la Comisión de Justicia en el Senado, en la que PSOE y PP se pusieron de acuerdo para «cerrar la posibilidad de cambiar los partidos judiciales», según la nota que enviaron los socialistas. El senador Ánder Gil fue más allá al asegurar «ni hoy, ni mañana, ni en ningún escenario posible se materializarán las reformas que impulsaba Ruiz-Gallardón». Asimismo, agradece que Catalá haya dado marcha atrás y quiera trabajar ahora la «cuestión desde el diálogo».
El PP, en otro comunicado, matizaba que el acuerdo de ayer en la Cámara Alta hace posible que «cualquier reforma de la Ley de Demarcación y Planta se efectúe en colaboración con las comunidades autónomas y que se considere importante la función de los partidos judiciales en los territorios eminentemente rurales». El matiz es importante, porque los populares no hablan de que no se vayan a eliminar demarcaciones, solo dice que ha de subrayarse su utilidad.