Cataluña quiere que el dinero que sale de marcar la casilla del 0,7% para fines sociales en la declaración de la renta (la X Solidaria) recaudado en su territorio se reparta solo dentro de su comunidad. Un sistema que, a juicio de las principales ONG que trabajan con los más desfavorecidos rompe los criterios de igualdad y de solidaridad. En este caso, la demanda catalana, que en términos similares también han planteado Galicia y Aragón, viene avalada por el Tribunal Constitucional que en sus últimas sentencias dice que el reparto debería corresponder a las regiones, que tienen la competencia. Frente a ello, las Cortes de Castilla y León emitieron ayer un pronunciamiento unánime para que se mantenga el modelo actual.
En juego están los más de 18 millones de euros que cada año llegan para financiar directamente proyectos sociales en Castilla y León de los 220 millones que se reparten al año por este concepto en España y que salen de marcar la equis en la casilla del 0,7 por ciento para estos fines. En el caso de que se cambiase el criterio y a cada comunidad le correspondiese sólo la parte que se recauda en su territorio, la caída sería importante, según destacaron los representantes de las principales ONG, que dejaron claro que ese dinero no se destina a financiar a las organizaciones sino que repercute directamente en las personas porque se financian proyectos.
El pronunciamiento de Castilla y León es pionero en España y los diferentes partidos y las organizaciones sociales esperan que otras comunidades sigan el camino. La encargada de presentar la proposición para instar al Gobierno a buscar alternativas que permitan mantener el actual sistema fue la popular Marimar Angulo quien dijo que de romperse el actual modelo «se rompería la caja de la solidaridad en España».
Las entidades del tercer sector de Castilla y León dejan claro que no se trata de un tema sobre la financiación de las asociaciones sino sobre la atención de los derechos de las personas. El vicepresidente regional de Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), Juan Pérez, apuntó a la Agencia Ical que muchos de los programas financiados con estos fondos del IRPF de interés social se prestan en el ámbito rural, donde la exclusión es mayor.
«No queremos que un cambio del modelo de gestión genere ciudadanos de primera y de segunda categoría, en función de lugar de residencia», precisa. Y es que afirmó que podría traer consigo que cada comunidad autónoma aplicara un criterio propio y destinara ese dinero a otros ámbitos. Además, existe el temor de que los fondos que ahora reciben podrían verse recortados.
El presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Castilla y León, Daniel Duque, consideró necesario buscar una fórmula para que este modelo se enmarque en la legalidad pero con la misma filosofía. «Se ha demostrado que es la mejor forma de redistribuir el dinero que destinan los ciudadanos con sus declaraciones de la renta», apuntó.
La secretaria regional de Cáritas, María Jesús Díez, que también acudió hoy a las Cortes para estar presente en la presentación de la PNL, aseguró que el 0,7 por ciento del IRPF supone una «fuente de financiación» importante a la hora de prestar los programas de la entidad.
Además, mostró satisfacción por que la Junta -en concreto, la consejera de Familia, Alicia García, y la vicepresidenta Rosa Valdeón- haya sido «extremadamente sensible» con esta causa que defiende el tercer sector de Castilla y León, que recogió el guante de las entidades tras expresar la preocupación existente entre las ONGs del ámbito social. De ahí que se mostró esperanzado en que la Proposición no de Ley cuente con el «beneplácito» de todo el arco parlamentario de las Cortes para trasladar una postura “consensuada” al Gobierno de España de la demanda de «continuidad» y «estabilidad» del mecanismo actual de reparto de fondos procedentes de la recaudación anual del Impuesto de la Renta.