40 millones de euros y los problemas de abastecimiento de agua potable solucionados durante décadas. Eso es lo que hay en juego con el sempiterno proyecto para construir unos nuevos depósitos en el entorno de Cortes y la toma que los nutra desde la Potabilizadora de Arlanzón.

El inicio de la tramitación real de la inversión ha sido posible gracias a que se han consignado fondos europeos para afrontar el 80% del coste total de la obra, pero siempre y cuando esté finiquitada antes de 2016. Eso reduce los plazos hasta el funambulismo administrativo, pero en la apuesta no va más y es ahora o nunca.

Quedaba, eso sí, un último obstáculo por sortear antes de que verdaderamente el proyecto de ejecución y la licitación comience a rodar: había que proclamar el interés general de la obra. Esto se ha hecho finalmente utilizando la tramitación parlamentaria de la Ley de Responsabilidad Ambiental. Una de las dos enmiendas presentadas por el PP (que gracias a su mayoría parlamentaria garantiza su aprobación) es la modificación del Plan Hidrológico Nacional (PHN).

La disposición adicional segunda recogerá la declaración del interés general de las obras financiadas por la UE con fondos comunitarios y que todavía están pendientes de gestión. Al igual que en el caso de Cortes, hay un puñado de proyectos que no han comenzado a desarrollarse a pesar de que el Plan Nacional de Calidad de las Aguas se extienden de 2008 a 2015, pero tiene una explicación.

Todas las obras financiadas con fondos comunitarios obligan al municipio ‘bendecido’ a aportar el 20% del coste de las actuaciones. Debido a la crisis, al elevado índice de endeudamiento de los ayuntamientos y al marco legislativo que les impide acudir a operaciones de crédito, algunas localidades renunciaron a ejecutar las obras, provocando así un ‘sobrante’ millonario de dinero de Bruselas que hay que invertir antes de 2016. Ahí es donde entró Burgos con su proyecto y logró el apoyo del Ministerio y el dinero de Europa, pero los plazos siguen siendo los mismos.

Esa declaración de interés general es preceptiva para que el Ministerio pueda encargar a la sociedad instrumental Acuaes que gestione todo el proceso para la construcción de las conducciones y depósitos de Burgos. La empresa municipal de Aguas, por su parte, ya hizo lo propio y se está redactando el proyecto para iniciar el proceso de licitación tan pronto como se promulgue la modificación recogida en estas líneas. Pero hay más.

Las expropiaciones

Además del tiempo, el otro problema serio al que se enfrenta este proyecto es el de obtener los suelos por los que hay que tender la tubería suministradora desde Arlanzón. Afectará a varios términos municipales y, por tanto, el Ayuntamiento de Burgos no puede ejecutar las expropiaciones, que siguen sin resolverse.

Para sortear esa problemática se valoró la posibilidad de que fueran la Diputación o incluso la Junta de Castilla y León quienes se ocuparan de expropiar, pero eso tampoco era tan sencillo y obligaría a entrara en el siempre ingobernable terreno de los convenios.

Al dar a Acuaes toda la gestión y tratarse de una obra de interés general, las expropiaciones las hará el ente estatal eliminando intermediarios. «Era fundamental este paso y nos permitirá ejecutar la obra en un tiempo que suponga no perder ni un euro», resumió la presidenta de Aguas de Burgos, Carolina Blasco, tras conocer el movimiento parlamentario.