Sabido es que los acusados tienen derecho a no declarar en su contra. También los familiares pueden negarse a testificar si eso perjudica a un pariente directo.Pero nada dice de los empleados, ni privados ni públicos. ¿Puede el Ayuntamiento tirar piedras contra su propia plantilla? Lo hace, de hecho, para intentar ahorrarse unos euros. Aunque sin éxito.

En concreto, contra un conductor del Servicio  de Autobuses Urbanos que el 7 de junio de 2016 tuvo un percance cuando circulaba por la calle Alfonso VIII, frente al Monasterio de Las Huelgas. La protección del entorno de Patrimonio Nacional hace que la calzada mantenga el adoquinado que, por incómodo para conductores y peatones, se ha eliminado de otras zonas de la ciudad como el puente San Pablo.

Los dos carriles de circulación no están limitados en esta calle por la pintura blanca sino por una fila de piedras, similares a la de los bordillos. Una de ellas se encontraba suelta y al pasar el autobús sobre ella salió disparada contra los bajos del vehículo y dañó varias piezas de la caja de cambios hasta el punto de dejar el vehículo fuera de servicio.Una grúa tuvo que acudir a retirarlo para su traslado al taller. Dada la importancia de los daños, la UTE que se encarga del mantenimiento de la flota municipal decidió enviarlo al servicio oficial de la marca. La factura final ascendió a 8.781,03 euros, más otros 315 de grúa y depósito.

La empresa, la misma que tiene el contrato de los autocares en rénting, reclamó al Ayuntamiento esta cantidad, al considerar que el accidente se produjo por no mantener la vía pública en condiciones adecuadas para el tránsito de personas y vehículos, tal y como certificó el atestado de la Policía Local.

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