El Ayuntamiento de Burgos aprobó en una Comisión de Gobierno celebrada el 13 de noviembre de 2002 aceptar de los vecinos la cesión de la calle Padre Silverio para que pasara a ser de titularidad municipal y sin embargo, pese a ser este un requisito de obligado cumplimiento en el convenio firmado entre las partes, el Consistorio no la ha inscrito en el Registro de la Propiedad.

Así lo confirma un informe elaborado por la Concejalía de Patrimonio e Ingeniería Industrial a petición de Izquierda Unida en el que también se reconoce, tal y como ya avanzó este periódico, que el Consistorio no reclamó el cobro de 27.482 euros de los 128.035 que debió exigir entre los años 2002 y 2006. Un pago que se tenía que haber realizado fruto del acuerdo en el que los vecinos se comprometían a pagar el 65% de los 196.978 que costó el arreglo de este espacio privado de uso público.

Este caso guarda muchas similitudes con el de Cicasa-Beyre ya que ahí el Consistorio no reclamó ni un euro hasta el año 2012 y eso hizo  que tuviera que dar por perdidos 187.240 euros prescritos entre 2004 y 2007. Si bien aquí se justificó que no se cobró nada porque nadie en la Concejalía de Fomento se había percatado del impago, en Padre Silverio lo que llama la atención es que sí se ingresaran con normalidad los primeros cuatro ejercicios y que, por el contrario, el último no se pagara. Y choca aún más, o parecido, que una de las cinco comunidades de propietarios sí cumpliera con todas sus obligaciones y el resto no. Es decir, que algunos vecinos abonaran por la obra más que  otros.

Al contrario que en Cicasa-Beyre, en el que un informe del Departamento de Gestión Administrativa admite que han prescrito las cuatro primeras anualidades, en Padre Silverio parece que el Ayuntamiento no da por perdido ese dinero ya que en el escrito redactado por el área de Patrimonio e Ingeniería Industrial no se menciona que la deuda haya caducado. Preguntados por ello, fuentes municipales aseguraron, con  más prudencia que convicción, que se está estudiando si jurídicamente existe la posibilidad de enmendar ahora un error que se ha prolongado desde 2007. El paso a dar, si es que es posible, sería una reclamación a cada persona de forma individual ya que se cree que de esta forma la deuda prescribiría a los 10 años en lugar de a los cinco (como en el caso de las comunidades de vecinos).