Si a la supresión de las primas a las energías renovables se le añade un impuesto estatal del 7% para los generadores de energía y la ecotasa autonómica para los parques ubicados en Castilla y León más una inminente reforma de la ley que regulará de nuevo el sector eléctrico se obtienen los principales motivos por los que la ampliación de parques eólicos está casi paralizada desde hace, por lo menos, dos años. A comienzos de 2011 había en la provincia 15 parques con autorización administrativa pero cuya construcción no había comenzado y ahora son 16, según datos de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl) que corrobora la Junta. En total, estos proyectos sumaban una potencia de 274,8 megavatios y contemplaban la instalación de 150 aerogeneradores más en la provincia, lo cual conllevaba una inversión por parte de los promotores de unos 330 millones de euros. Sin embargo, la paralización no solo hace que se esfume esa inversión, sino que conlleva que la provincia dejará de ingresar muchos miles de euros en concepto de ocupación de terreno, Impuesto de Actividades Económicas (IAE) e Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
Hay que tener en cuenta que, según datos de 2011, los 1.200 aerogeneradores que están produciendo energía en este momento en la provincia permiten que los propietarios de los terrenos en los que están instalados, ya sean Ayuntamientos o particulares, ingresen, en total, alrededor de 5,5 millones de euros cada año por la ocupación de terreno. Y a esto hay que añadir lo que ingresa la Administración por el IAE (alrededor de un millón), y el IBI (que ronda el 1,5 millones de euros). Y a medida que se incremente el parque de molinos, más aumentarán este tipo de ingresos. Pero ese ansiado incremento parece estar lejos de materializarse porque los reiterados cambios legislativos han provocado que los cálculos y presupuestos que los promotores habían realizado al pedir la licencia de autorización para cada nuevo proyecto ahora sean inservibles porque, fundamentalmente, no hay primas y hay más impuestos. Es decir, la realidad es otra.
El secretario general de Apecyl, Eugenio García, afirma que «en los últimos dos años llevamos ocho o nueve cambios legales importantes y lo que no se puede pretender es que la gente se plantee una inversión, haga números con unas previsiones y un marco legal y que luego no tenga nada que ver». Solo en lo que va de año se han aplicado nuevos impuestos y se ha introducido una importante reducción del importe que se destinaba a pagar las primas a las energías renovables para intentar rebajar esta partida entre 600 y 800 millones de euros, según datos facilitados el pasado febrero por el Ministerio de Industria. Pero a estas novedades hay que añadir que el año pasado se aprobó por decreto ley una moratoria a las renovables y se aprobó otro decreto ley para. según palabras del ministro, José Manuel Soria, «corregir desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista», más una reforma fiscal para gravar la energía.
En total, un cúmulo de reformas y ajustes en poco más de un año que han supuesto la casi total paralización del sector, incluso en aquellos casos que no están afectados por la moratoria acordada a finales del año pasado, como son los proyectos autorizados y pendientes de construcción en Burgos. En este sentido, Eugenio García, explica que para calcular la inversión de instalar un parque eólico se emplea una cifra de referencia que oscila entre el millón y los 1,2 millones por megavatio de potencia instalada. Para un parque de 40 megavatios, por ejemplo, se estima una inversión de unos 50 millones de euros. Y para todos los parques pendientes de construcción, este cálculo da como resultado una inversión de 330 millones de euros. «Pero es que eso no se recupera en un día, hace falta un plazo largo [unos diez años] y eso no se puede hacer sin un equilibrio regulatorio. Es triste decirlo, pero ahora mismo hay una total incertidumbre», señala García, subrayando que, «con independencia de cuál sea la retribución, lo más importante es es que se mantenga el marco legal».
El secretario de la asociación autonómica de promotores destaca que Castilla y León siempre ha estado a la cabeza en producción de energía eólica y, dentro de la región, Burgos. Una circunstancia que achaca en gran medida a la estabilidad «regulatoria» de la Junta en la materia. «La Junta tiene competencia para dar autorización para instalar los parques, pero en cuanto lo hace entra en un mundo de relaciones jurídicas por así decirlo, que son estatales», señala García. Sin embargo, hace poco más de un año que la Junta aprobó la denominada ‘ecotasa’, un impuesto que según el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) del 29 de febrero de 2012 «gravará el daño medioambiental causado por el aprovechamiento hidroeléctrico, los parques eólicos y el transporte de alta tensión».
En el caso de los aerogeneradores, en función del número que componga cada parque y de la potencia instalada, se les impone una cantidad u otra en concepto de «generación de afecciones e impactos visuales y ambientales por los parques eólicos y por los elementos fijos del suministro de energía eléctrica en alta tensión situados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León». En cualquier caso, según las previsiones de la Junta, con este impuesto se esperaba recaudar 60 millones de euros anuales. La ecotasa, así como otras tantas de las medidas aplicadas por el Gobierno, se han recurrido.
El director del Área de Ingeniería de la Construcción de la Escuela Politécnica de la UBU y experto en renovables, Ismael Para, califica la situación vivida en los últimos años como la «demonización» de las renovables y añade otro punto de vista a la aparente paralización del sector destacando que, una vez que acabe la moratoria obligada por el Gobierno, cualquier instalación puede ser rentable sin primas en unos años de amortización que, en el caso de la eólica, está en torno a los diez años. Y no solo eso. Para recordó que la Unión Europea tiene como objetivo a largo plazo la autosuficiencia, para lo cual ya hay muchos países buscando alternativas al gas y al petróleo. «Así que todo lo que no hemos andado ahora, habrá que hacerlo después corriendo porque el objetivo de la UE es ser autosuficiente con renovables», afirmó.
Indirectas
Todas estas medidas legales han repercutido muy negativamente en la instalación de los nuevos parques autorizados, pero las consecuencias hay que verlas más allá de la paralización del sector de la energía eólica.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que en España se configuró toda una industria alrededor de las renovables y, en concreto, alrededor del sector eólico, de manera que era posible adquirir todos los componentes sin salir del país. Ahora, como destaca el secretario general de Apecyl, «las fábricas también están paradas y todo ese tejido industrial que se creó no se justifica».
Después, tanto los promotores como los Ayuntamientos interesados, hay que tener en cuenta que los parques generan puestos de trabajo por cuestiones de construcción y mantenimiento. Y, por último, está el hecho de que proporcionan grandes sumas de dinero a las localidades en las que se instalan. De la quincena de parques pendientes de construir en Burgos, el más grande es el de Las Claras, en Valluércanes (en la Bureba), con una potencia de 46,7 megavatios y un total de 28 aerogeneradores. La mayor parte de ellos se iban a ubicar en terrenos privados, cuyos propietarios negociaron una cuota por ocupación de terrenos de entre 4.000 y 6.000 euros por cada aerogenerador. Esto, para una población con 79 habitantes, es mucho dinero. El alcalde, José Ignacio Díez, declaró a este periódico que va a intentar hablar con los promotores para ver qué planes tienen, pero lamenta mucho el retraso no solo por los miles de euros que reportarían a los vecinos, sino porque a eso «hay que sumar lo que le dan al Ayuntamiento, más la licencia de obra, más que te arreglan bien los caminos», indicó Díez. Y hay que tener en cuenta que no es que las familias del pueblo estén ávidas de dinero, sino que hay quienes tienen herencias pendientes de repartir porque no es lo mismo una finca que no genera nada que otra que reporte miles de euros cada año. «Llevamos más de tres años esperando y no sabemos nada», sentenció el alcalde.