Javier Iglesias es un hombre tan pausado como tajante. Profundo defensor de la transparencia de las arcas públicas, trabaja para elaborar un plan que permita al ciudadano conocer el destino de cada euro que aporta para que tome conciencia de que los servicios que recibe no son en absoluto gratuitos. Además, el presidente de la Diputación de Salamanca aboga por defender la autonomía municipal pero evitando el sinsentido, y confía en que el nuevo modelo de ordenación del territorio que propugna la Junta de Castilla y León suponga un ahorro y ataje las tan criticadas duplicidades. Entretanto, saca las uñas para demostrar con datos a quien se lo cuestione que las diputaciones ofrecen un servicio muy importante sin suponer un coste desorbitado.

¿Peligran las diputaciones provinciales en un país en el que la crisis ha hecho que se cuestionen el elevado número de administraciones y las duplicidades?

Que peligren las diputaciones significaría que peligran los servicios que reciben los españoles que viven en la España rural. Si no queremos que haya españoles que vivan en los pueblos pequeños, habría que quitar las diputaciones

¿Le ha hecho el debate social replantearse las funciones de la institución?

No ha hecho que me replantee nada. Lo que tenemos que hacer por sentido común es replantear la situación del conjunto de las administraciones públicas. Las diputaciones no son las más endeudadas ni proporcionalmente ni nominalmente. En otras instituciones hay que tratar de imponer aún más racionalidad que en las entidades locales. No digo que en estas no haga falta, que hace, pero hay que hacerlo en todas y en otras probablemente mucho más que en las diputaciones provinciales.

La Junta de Castilla y León está planteando un renovado modelo de ordenación del territorio que pretende asesorar y ayudar a los municipios más pequeños. Hay quien piensa que esas funciones podría asumirlas la delegación territorial de la Junta

Rompo una lanza en favor de la autonomía municipal, que no debe estar reñida con la agrupación de servicios que puedan darse de mejor manera a través del modelo que está planteando ahora la Junta de Castilla y León en términos económicos. Debe preservar la autonomía municipal y suponer un ahorro, sin él no tiene sentido. Si se logra, se puede dar un paso adelante en la gestión de los servicios públicos de los pueblos. Es el sentido de ese nuevo modelo.

¿Cree que habrá acuerdo para ese modelo de ordenación del territorio?

Si se preserva la autonomía municipal y se demuestra que habrá ahorro en la prestación de servicios, sí.

¿Lo entenderá el ciudadano?

El ciudadano desea que, partiendo de lo mucho que hemos construido durante muchos años y generaciones, se dé una vuelta de tuerca para limar lo que se pueda y gestionar mejor los fondos públicos y que no haya duplicidades, algo en lo que todos estamos de acuerdo. No tiene sentido que todas las administraciones publicas se dediquen a un mismo fin. El Gobierno trabaja para aclarar cuáles son las atribuciones de cada administración, porque con demasiada frecuencia nos estamos ocupando de lo que no nos tenemos que ocupar. La Diputación Provincial es la administración más cercana, la más eficiente a la hora de prestar servicios y la que más barato lo hace.

¿Cuáles serían las funciones mínimas que deberían quedar en los municipios tras la reordenación?

En la Junta de Castilla y León hay grupos de trabajo que se ocupan precisamente de definir eso.

¿Y deben velar por preservar la autonomía municipal?

Sí, pero preservar la autonomía municipal no significa que el alcalde o los concejales puedan hacer lo que quieran. Durante estos años hemos cometido el error de permitir que alcaldes con presupuestos pequeños acometieran obras millonarias. Debe permitirse una autonomía, pero dentro del contexto de las cuentas que cada uno pueda administrar. Ser autónomo no significa pertenecer a la república independiente de ningún pueblo, sino hacer una gestión publica adecuada a la estructura del municipio.

¿Qué balance hace del Pacto Local suscrito con la Junta?

Rompo una lanza a favor de la Junta que durante los años anteriores ha sido el prototipo de lo que ha de ser en el futuro la participación del Gobierno regional en los quehaceres más básicos de los municipios de Castilla y León, que no deja de ser el conjunto de los 2.200 municipios. No se puede disociar. La Junta ha sido pionera en la puesta en marcha de este tipo de reformas. Por lo que le pude escuchar al presidente Herrera en el congreso regional del Partido Popular, su idea es que la Junta de Castilla y León siga teniendo una parte muy proactiva en cuanto a la colaboración con los municipios, aparte de la participación de las entidades locales en los tributos de la Administración autonómica, algo que supone ir un paso por delante de lo que se había hecho hasta ahora.