Ser funcionario es el sueño de muchos; un trabajo estable para toda la vida, donde tienes la seguridad que a final de mes van a ingresarte el correspondiente salario sin retrasos o sorpresas -amén de dos pagas extras al año, aunque siempre dependiendo de la comunidad autónoma y de la situación económica-, un puesto donde puedes ejercer sin problema hasta el día anterior a jubilarte y despreocuparte de las posibles reducciones de plantilla o de despidos, recurrentes en el sector privado cuando vienen mal dadas. Según el último informe del Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, elaborado por la Secretaría de Estado de Función Pública, en la provincia hay cerca de 19.500 burgaleses que trabajan al servicio de las distintas instituciones;Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla y León y Estado.
Todos ellos cobran su correspondiente nómina a fin de mes, aunque 886 ‘doblan’ retribución al tener concedida una compatibilización y compaginar ese puesto con un trabajo en otro área o sector. Vayamos de lo local a lo nacional. En el Ayuntamiento de Burgos trabajan entre 1.300 y 1.400 personas, de las cuales, según el portal de Transparencia, cuatro tienen aprobada una compatibilidad (dos ingenieros, un técnico y un responsable de área de sistemas), que les permite ejercer también como docentes asociados en la Universidad de Burgos. A estos habría que sumarles un quinto reconocimiento, aceptado en el último Pleno por los grupos políticos, y correspondiente a un empleado del Servicio Municipalizado de Deportes para ejercer actividad en el ámbito privado. El balance deja una ínfima tasa del 0,37% de personal que compatibiliza trabajos a nivel local.
En la Diputación se repite la tónica, ya que de los 1.129 trabajadores de la institución provincial apenas 6 llegan a fin de mes con dos salarios, la mayoría de ellos procedente del área de la educación universitaria.El porcentaje, en este caso, se eleva un poco hasta el 0,53%. El panorama cambia de manera radical en cuanto a los empleados de la Junta; se contabilizan -según la Secretaría de Estado de Función Pública- 11.323 burgaleses a sueldo de la administración regional, de los que 849 compatibilizan puesto. Este colectivo viene a representar el 7,5% del total, con 241 trabajando en el sector público y 608 en el privado. Entre estas última compaginaciones, 254 son para la enseñanza (profesores universitarios que se ganan otro sueldo trabajando como desarrolladores web por cuenta propia, administrativos en locales de hostelería o abogados), o para profesionales del área de salud (trabajadores de estas parcelas que también cobran de servicios privados).
Por último, 5.623 burgaleses trabajan directamente para el Estado dentro de los límites de la provincia, principalmente bajo las órdenes del Ministerio de Defensa (la gran mayoría militares), del de Empleo y Seguridad Social,Fomento (mantenimiento de carreteras) o de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. De todos ellos, solo 26 tienen aprobada una compaginación, el 0,46%.
De entre las listas y listas de compatibilizaciones que uno puede encontrarse -no sin algún que otro esfuerzo- en las páginas de Transparencia de las administraciones, hay algunas realmente sorprendentes: un cabo del Ejército de Tierra, con base en Burgos, trabaja también como frutero (en muchos casos se solicita este tipo de permiso para echar una mano en un negocio familiar en momentos puntuales), un compañero suyo, con rango de soldado, hace lo propio con un negocio de reparación de automóviles y bicicletas o un ayudante técnico educativo de la Dirección Provincial de Educación regenta una empresa de compra-venta de billetes y monedas en la capital.
Uno también se encuentra maestros de ESO que por las tardes ejercen como telefonistas, artistas por cuenta propia, camareras de bar o se dedican a alimentar a las reses de su explotación ganadera. Aunque estas compatibilizaciones son las más extravagantes, la mayor parte de los funcionarios acaban desempeñando una doble labor en el área de la enseñanza, donde la Universidad de Burgos tiene mucho peso, y al revés, profesores universitarios o asociados que también ejercen puestos similares ajenos a la UBU.
un trámite complejo. El proceso que ha de seguir un funcionario para que se le reconozca el derecho a ejercer otra actividad suele ser complejo. Según la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, los que así lo deseen han de solicitar dicho reconocimiento ante la administración correspondiente, con un plazo de respuesta que va de los 4 meses para trabajar en el sector público a los 3 para actividades de carácter privado.