«Se lo habré preguntado entre 10 y 15 veces». Eso fue lo que contestó el alcalde, Javier Lacalle, tras ser preguntado por el qué pudo hacer Eduardo Villanueva con los duplicados de las tarjetas de datos de una sección municipal para llegar a mover más de 700 gigabytes en un solo mes. Por el momento, ni el señalado ha mostrado prueba alguna que sustente su uso para fines municipales, ni tampoco se lo ha explicado a cuantos le han pedido que lo haga a nivel interno.
Es más, Lacalle concluyó que «el tiempo podrá clarificarlo», en manifiesta alusión a que considera que la vía judicial, abierta por el PCAS con una denuncia en el Juzgado de Guardia y por UPyD con otra en la Fiscalía, así lo esclarecerá. «Lo que se decida en las instancias judiciales me merecerá todo el respeto», remachó.
Lo que sí dijo es que se ha pedido esa información a Telefónica y que la compañía se ha negado a entregarla por una política de privacidad, algo que el operador de telecomunicaciones ya advirtió a este periódico que sucedería, y sucederá, salvo que exista una orden judicial para que se acredite en qué empleó Villanueva las tarjetas. Y dijo más. «La mayoría fueron descargas».
Eso es tanto como minar todavía más los argumentos del concejal puesto que lo único que dijo al respecto es que «como ingeniero de telecomunicaciones hago una serie de rutinas» entre las que se encuentra «hacer copias de seguridad y subirlas a la nube (un sistema de almacenamiento de datos)». Y sí, Villanueva es el ingeniero en Telecomunicaciones, pero cualquier usuario medio sabe que ‘subir’ datos a la nube no es lo mismo que bajarlos (descargarlos). Si existe una tendencia mayoritaria en el movimiento de los datos, solo puede ser una de las dos porque son contradictorias. «Todos los que saben de esto me dicen que es un consumo muy elevado», terminó Lacalle. Eso también choca con la afirmación del edil que, basándose en un informe, aseguró que el consumo medio de datos de un usuario español es de 500 gigas al mes.
El inicio
Pero, regresando al caso y más en concreto a su génesis, la parte que los informes no recogieron y sobre la que se pudo arrojar luz en la comisión extraordinaria de Hacienda celebrada el miércoles por la tarde para tratar de esclarecer, si es que eso es posible, qué pasó con los duplicados de Villanueva, sigue dando pistas del origen de todo el asunto.
Si ayer este periódico avanzaba que facturas por valor de 30.000 euros, entre las que se encontraban aquellas sobre las que había impactado el uso por parte del concejal del duplicado, fueron pagadas a cambio de obtener un programa de puntos por orden de Villanueva, hoy la pregunta está sobre si el acceso a esos duplicados fue algo tan natural como se ha pretendido hacer ver.
Porque no. Disponer de duplicados de tarjetas que están consignadas a departamentos, y no a los propios concejales, no es algo habitual. Según un informe de Informática, el Departamento «no ha utilizado ni ha solicitado la tarjeta objeto de este informe para fines de transmisión da datos». Esto es todo lo contrario a lo que Villanueva afirmó a este periódico dos semanas atrás.
Además, en el texto se especifica que fueron dos trabajadores que pertenecen al Departamento de Informática según la relación de puestos de trabajo pero que realizan trabajos de telefonía en la sección de Ingeniería Industrial, que dirigía Villanueva, los que pudieron tener acceso a ella. Coincide, y eso no lo dice el informe, que se trata de personas de la confianza del edil, que los escogió para ser ‘transferidos’ a su ámbito de actuación más cercano. Aún así, lo que está fuera de toda duda es que solo el concejal provocó los consumos más desorbitados.