La reciente reforma de la Justicia universal sigue dando quebraderos de cabeza al ministro Ruiz-Gallardón. Tras la fuga de presuntos narcos egipcios y sirios, así como la resistencia del juez Santiago Pedraz a archivar el caso Couso, su colega de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se negó a dejar la causa en la que investiga las torturas que habrían sufrido cuatro presos en la base militar estadounidense de Guantánamo entre 2002 y 2005 a pesar de la nueva limitación, volviendo a preguntar a Estados Unidos, tal y como hizo en 2009, si ha investigado estos hechos.
Así consta en un auto en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 incoa sumario por delitos de torturas y contra la integridad moral en concurso con uno o varios delitos de crímenes de guerra y anuncia que preguntará al Supremo si considera que EEUU ha perseguido estos hechos de forma eficaz. Se trata de las vejaciones que habrían sufrido en la prisión cubana Hamed Abderraman Ahmed, nacido en Ceuta y conocido con los alias de Hamido y el talibán español; el marroquí Lahcen Ikassrien, con residencia y arraigo en España; el palestino Jamil Adullatif y el libio Omar Deghayes.
En su resolución, Ruz destaca que los Convenios de Ginebra y la Convención contra la Tortura obligan a los Estados firmantes a perseguir este tipo de delitos y que la recién reformada Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece en su artículo 23.5 que los delitos de jurisdicción universal no se perseguirán en España si se acredita que están siendo investigados en un tribunal internacional o en la nación del lugar en el que se cometieron los hechos.
Esta investigación fue abierta en enero de 2010 por el juez Baltasar Garzón contra «las personas que tuvieran bajo su guardia y custodia a los detenidos y las que autorizaron o practicaron los actos» descritos en la querella».
Por otra parte, Ruz continuará adelante con dos causas por crímenes en el Sáhara que mantiene abiertas en su juzgado por considerar que los hechos se cometieron en lo que entonces era suelo español. En un caso, rechaza archivar la querella presentada contra varios militares marroquíes, y en otro mantiene abierta la investigación por genocidio presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos contra varios dirigentes del Frente Polisario.
Según el togado, los delitos fueron cometidos contra ciudadanos españoles en el momento en que el Sáhara Occidental era provincia española, «en concreto entre los meses de noviembre de 1975 y el 28 de febrero de 1976».