La realización de la inspección técnica de construcciones (ITC) es obligatoria para aquellos edificios que han superado 40 años desde su construcción en aras de garantizar su conservación y seguridad para los propietarios que residen en ellos. Desde su implantación en diciembre de 2012 hasta el año pasado, el grado de cumplimiento ha sido muy elevado, más del 94%. De los 3.096 inmuebles obligados a superar este trámite lo han hecho 2.972. Este año deben pasarla 487 inmuebles, de los cuales más de una decena ya lo ha realizado el trámite en enero.
A quienes, por diferentes circunstancias, decidieron no haberlo se les abre un expediente sancionador. En los tres años que lleva vigente la normativa, se han registrado 450. De ellos, 87 en 2013; 304, en 2014 y 58, en 2015.
En general la administración local es bastante permisiva y da varios avisos a los propietarios salvo cuando el deterioro del inmueble sea evidente o el abandono de los propietarios salte a la vista y puede generar riesgos, que se interviene de manera inmediata.
El procedimiento se inicia mediante una orden de ejecución, es decir se les insta a pasar el trámite a través de multas. Si con las multas tampoco cumplen, la administración interviene de manera subsidiaria y se les impone una sanción urbanística. «En principio utilizamos la fórmula de la ejecución. No es un sancionador de poner multas que obliga a restaurar la legalidad. Es una orden de ejecución en la cual hay unas multas, que se denominan coercitivas porque lo que persiguen es que los dueños cumplan», apuntó la concejala de Licencias, Ana Bernabé.
Los técnicos municipales valoran las obras que son necesarias, se divide la cantidad en diez partes y cada mes se gira una multa. Si no las pagan, se iría a la vía de apremio y, una vez recaudado el dinero, la administración procedería a ejecutar la obra con cargo a ese dinero. También la administración puede hacerlo antes y luego repercutirlo en el propietario. «Muchas veces cuando se inicia el procedimiento sancionador, el dueño se aviene voluntariamente a cumplir y se aparca el procedimiento sancionador», añadió.
En el caso de que los propietarios no hayan pasado la ITC en el año obligados a ello pero tienen intención de hacerlo, el Ayuntamiento deja cierto margen porque en algunas ocasiones se debe a problemas con las comunidades. «A veces hay problemas cuando el técnico visita el inmueble debido a que algún vecino le impide la entrada y es necesario una orden judicial para poder entrar. Lo importante es que las inspecciones se vayan haciendo y que los fallos o patologías del edificio que se detectan se puedan subsanar porque todo ello debe revertir en la seguridad y salubridad de inmuebles y, si para ello, es necesario que la administración ejerza un procedimiento sancionador, se utiliza».
En opinión de Bernabé, en Burgos se han dado casos de edificios en mal estado en los que ha habido que desalojar a los vecinos. Sin embargo, en lo relativo al casco histórico el hecho de que hace unos años se llevara a cabo un ARCH (Área de Rehabilitación del Centro Histórico) ha permitido evaluar y actuar sobre inmuebles con un siglo de existencia. «No significa que estén exentos de pasar la ITC, salvo los rehabilitados íntegramente, pero les resulta favorable y su estado es mejor que otros edificios más modernos».
Bernabé confía en que a medida que avancen las ITC las actuaciones serán de menor calado dado que los edificios a examinar son más modernos. Desde que se implantó la obligatoriedad de las ITC, ya se han pasado en el 25% de los inmuebles obligados a ello, lo que supone un porcentaje importante en comparación con otras ciudades de Castilla y León. Se calcula que hay 10.400 inmuebles de más de 40 años y el plazo para pasarla finaliza en 2020. Cuando concluya ese año se deberá pasar una segunda inspección.
Cambios en la normativa
La inspección técnica de construcciones sufrirá algunos cambios a partir de este año. El primero llegará por el nombre, que pasará a denominarse inspección técnica del edificio porque deberá llevar aparejada un informe sobre el estado del inmueble que es el que se fija el Ministerio de Fomento. Todo deberá ir en el mismo documento. Por lo tanto, todos los ayuntamientos tendrán que reformar esta normativa. La ITC exigirá, además de los requisitos actuales, que se cumplan los criterios de eficiencia energética y accesibilidad. «La inspección incluirá la accesibilidad y se deberán acometer obras de reforma para que el informe sea favorable», apuntó la concejala Ana Bernabé.
La ordenanza reguladora de las ITC en el Ayuntamiento tendrá que modificarse pero se está a la espera de que la Junta apruebe el decreto que reforme el Reglamento de Urbanismo. «Tendremos que pensar qué haremos con los expedientes que irán entrando. En principio para los que ya están en el Ayuntamiento no será de aplicación la nueva normativa pero sí para los posteriores, que se tendrán que adaptar».
Bernabé confía en que se aprueben unas disposiciones transitorias, y quizás, también una moratoria. El Ayuntamiento prevé hacer una campaña de difusión para dar a conocer los nuevos criterios a dueños y profesionales.