El delegado diocesano de Cáritas en Burgos, Andrés Picón, reveló ayer que el Ayuntamiento y la Junta le deben a esta institución 930.000 euros en concepto de subvenciones no recibidas en 2011 y 2012. No obstante lo abultado de la cantidad y las necesidades a las que la entidad se tiene que enfrentar todos los días, Picón dijo comprender la situación de crisis que existe en todas las instituciones y confiar en que este mismo mes de mayo se va a recibir parte de esta deuda, en concreto la referida al año pasado.

Y es que, según explicó, por su pertenencia al Consejo General de Cáritas sabe que la situación de Burgos no es de las peores en el conjunto del país. En este sentido, explicó que otras provincias han visto cómo las subvenciones públicas se han reducido hasta un 40 y un 50 por ciento.

En cualquier caso, las estrecheces a las que la falta de la ayuda pública ha obligado a Cáritas se han salvado, en alguna medida, gracias a las herencias y legados recibidos, que ascendieron a 231.616,80 euros, lo que ha evitado tener que pedir un crédito, según informó Picón durante la presentación de la memoria de actividades del 2011. En ese año los usuarios aumentaron un 10%, lo que supone una subida menos abultada que la del ejercicio anterior aunque más intensa ya que lo que han precisado estas personas son productos de primera necesidad como alimentos o el pago de servicios básicos como luz, agua o calefacción.

Por otro lado, el delegado destacó la puesta en marcha de una asesoría para aconsejar a personas afectadas por la ejecución de las hipotecas de sus casas por no poder hacer frente al pago tras quedarse en paro. «Se trata de un equipo que incluso acompaña a estas personas al banco», precisó.

En cuanto a las personas sin hogar, en 2011 fueron 2.700 las atendidas en el albergue. La media de estancia ha sido más larga que en otros años y han aumentando tanto las pernoctaciones como las comidas o las cenas. Picón informó de que ya se ha cerrado la unidad de mínima exigencia que se abrió con el apoyo económico del Ayuntamiento en la planta baja de su sede para personas de bajo nivel de integración.