El Grupo Municipal Socialista defenderá hoy en el Pleno una proposición que contiene una batería de medidas cuya finalidad es la de «garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna a las personas» que están cargando con la parte más dura de la crisis económica.

La concejala Esther Peñalba, encargada de defender el texto, recordó que «con las administraciones quienes tienen la obligación» de garantizar ese derecho y aprovechó para censurar la postura del PP por haber «rechazado la proposición que hicimos en el último Pleno sobre la pobreza energética». «Ellos prefieren dedicar el dinero a obras y eventos», remachó.

La petición contiene cuatro medidas concretas. La primera es que se reserve medio millón de euros del presupuesto vigente para «facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos más desfavorecidos y con menos recursos económicos». La segunda que se alcancen «acuerdos o convenios con entidades financieras, personas físicas u otras con personalidad jurídica para que, a cambio de un alquiler social, saquen al mercado de arrendamiento las viviendas deshabitadas».

En tercer lugar, los socialistas abogan por instaurar «un servicio de asesoramiento e intermediación hipotecaria dirigido a personas y familias con dificultades para hacer frente a los pagos de los préstamos hipotecarios» antes de que se produzcan los desahucios.

Y, por último, exigen requerir «a las entidades financieras propietarias de viviendas para que cumplan con las obligaciones tributarias que se exigen a todos los burgaleses». Sobre lo último, Peñalba aseguró que «hay una connivencia» entre el Ejecutivo local y los bancos y que, aunque «no pasa con todas», sí «hay muchas» entidades que no están abonando al Ayuntamiento los tributos obligados como propietarios de pisos.