La Fiscalía de Menores de Burgos supervisa desde el año pasado la educación de una menor cuyos padres se niegan a llevar a un colegio regulado por la Junta de Castilla y León y, en cambio, han optado por matricularla a través de internet en un centro privado americano con sede en España y que, al ser a distancia, permite que la niña reciba una educación más libre y acorde a lo que su familia desea para ella. Dado que el centro es extranjero y la formación a distancia en una etapa de escolarización obligatoria, el Ministerio Público afirma que se está incumpliendo la legislación española en materia de educación, pero no considera que se esté cometiendo un delito de abandono de familia porque se ha constatado que los padres están preocupados por la formación de la niña y que, por lo tanto, ella no está desprotegida. En cambio, sí cabría la posibilidad de que la Junta impusiera una sanción administrativa.

La escolarización en España es obligatoria hasta los 16 años y no solo por lo que aporta desde un punto de vista académico, por lo que esta familia residente en el Condado de Treviño está sometida a un control específico por parte de la Fiscalía de Menores. El objetivo es garantizar que no se vulneran los derechos de la menor (ni tampoco los de un hermano que está a punto de cumplir 16 años y que tampoco va al instituto), que progresa en sus estudios de manera semejante a otros chicos de su edad y que se suple la ausencia de relaciones sociales en el ámbito educativo con otras actividades en grupo.

En los últimos cinco años se han detectado en la provincia otros «dos o tres casos», según la Fiscalía, de lo que suele denominarse educación en familia o, en su terminología inglesa, home schooling. Hay zonas de España como el País Vasco o Cataluña en las que es relativamente frecuente o, al menos, no excepcional como sí ocurre en Castilla y León. En la región, en cuanto se detecta que hay un niño que no acude a diario al colegio, Educación toma medidas y trata de determinar si se trata de un caso de absentismo escolar o de educación en casa. 

La diferencia está en que lo primero es ‘habitual’ y consiste en que el menor no va al colegio por despreocupación de los padres o, en la adolescencia, porque  no le interesa y se niega a ir a clase. En el segundo caso, en cambio, el aspecto clave es que los progenitores suelen considerar que la educación convencional es perjudicial o que no da respuesta a las necesidades de los niños y prefieren formarlos empleando otros métodos y con otros ritmos. Exige, por lo tanto, mucha implicación por parte de los padres. Pero este matiz es irrelevante para la Consejería de Educación, que está obligada a tomar las mismas medidas que en un caso corriente de absentismo porque el origen es el mismo: un menor que no va al colegio. El director provincial de Burgos, Juan Carlos Rodríguez Santillana explica a través de un correo electrónico que «si bien hasta 2006 esta práctica [educación en casa] no era ilegal, sino, simplemente, alegal, a partir de esa  fecha está  normativamente penada y, por tanto, perseguible de oficio  por las autoridades. Hay intentos o conatos de su práctica -no siempre demostrables por cuanto suele haber situaciones que, transitoriamente, lo podrían justificar- que, si es el caso, son abordados en último término por la Fiscalía de Menores».

Antes de llegar a este punto, la Consejería de Educación habla con las familias y, si no hay un cambio de actitud, se pone en conocimiento de la Fiscalía. Y, a partir de ahí, el asunto puede resolverse tras la apertura de un expediente civil [y, en su caso, una sanción administrativa] o acabar derivando en una causa penal. José Fernández y Luis Delgado son los dos fiscales de menores de Burgos y explican que su modo de actuar en los posibles casos de educación en casa es «igual que en los de absentismo. Lo primero que se hace es comprobar que no haya desprotección del menor». A partir de ahí, se explica que tanto la ley como el Tribunal Constitucional, en una sentencia que crea jurisprudencia, «dice que la escolarización es una opción que se ha considerado oportuna hasta los 16 años. Y eso hay que cumplirlo», afirma Fernández.

Pero puede ocurrir [y ocurre] que una familia se niegue a matricular a los niños en un colegio convencional y busque otras alternativas para poder mantener su plan formativo sin cometer un delito. Y es lo que, según la fiscalía burgalesa, ha ocurrido en el último expediente de este tipo incoado. En enero de 2013 se pone en su conocimiento que hay una niña de 14 años en la provincia que no va a clase. Se activa el mecanismo habitual de entrevistas con padres e hijos y se comprueba que la niña está matriculada en un centro educativo privado con sede en Michigan y con delegaciones en España y Alemania denominado Clonlara School. Se le solicita un informe sobre el aprovechamiento académico de la niña y «se comprueba que hay protección», explican ambos fiscales. Es decir, se constató que la niña tenía unos conocimientos adecuados y que sus padres estaban involucrados en su educación. «Están preocupados por la educación de la hija. Es más, a nosotros nos dicen que para ellos sería más cómodo dejar que la niña fuera a un colegio corriente», afirma Delgado.

El motivo es que en el centro en el que esta niña está matriculada (el más conocido y frecuentado en España por familias que apuestan por esta fórmula, pero no el único) no hay clases como tal ni tutorías que obliguen al menor a comparecer o un programa específico que seguir a través de fichas y ejercicios; todo tienen que gestionarlo los padres: método y contenidos. Ni siquiera hay notas. El director de la delegación de Clonlara School en España, Juan Carlos Vila, explica que «no pretendemos calificar a los chicos con notas», sino que la evaluación se hace a partir de unos informes que las familias envían periódicamente (casi siempre cada trimestre) y en los que se recoge la metodología de estudios empleada, los materiales y actividades que están haciendo las familias. El centro recopila toda esta información y, como explica Vila, la ‘convierte’ al lenguaje administrativo. «La calificación la ponemos en conjunto entre las familias y, muchas veces, somos nosotros quienes tenemos que modificar al alza porque normalmente las familias y los propios alumnos son bastante rígidos a la hora de calificarse. Otra de nuestras funciones es traducir todo eso al lenguaje que entiende la administración tanto en España como en Estados Unidos», cuenta Vila, especificando que de esta manera se crea «un certificado de calificaciones que, al final, pretende ir generando un expediente». Y hasta que esta niña cuya educación está siendo objeto de supervisión no cumpla 16 años, esta información también será demandada por la Fiscalía de Burgos para garantizar que sus derechos no se vulneran y que su formación evoluciona de forma semejante a la de otros chicos de su edad. 

Sin embargo, para la familia el proceso no terminará aquí. Una vez que acabe en Clonlara, tendrá que iniciar el proceso de homologación al sistema español. En este caso, el colegio tiene sede en Estados Unidos, pero las directrices en España están adaptadas; es decir, aquí se estudia lengua y literatura castellana (además de gallega, euskera o catalana, si procede) e historia de España, por ejemplo. Así que cuando terminan no es que tengan un certificado de estudios equivalente al estadounidense, pero, como señala Juan Carlos Vila, «el expediente sí está emitido en Estados Unidos y validado por las autoridades norteamericanas, pero cuando tiene la Apostilla de La Haya [certificación oficial de autenticidad] para que pueda ser utilizado en el exterior, se entrega a las familias para que hagan la convalidación».

Si no hay cambios, el asunto se archivará cuando termine la etapa de escolarización obligatoria, al igual que se hizo en otros casos semejantes abiertos en la Fiscalía.