Tras unos años en los que parecía ser una práctica reducida a lo anecdótico, la venta de coches entre particulares en la vía urbana está repuntando. Hace una década llegó a tal punto que algunas zonas de la capital se habían convertido en auténticos concesionarios urbanos, siendo la vía de servicio de Alcampo el caso paradigmático. El Ayuntamiento reaccionó y actualizó la ordenanza que regula la venta ambulante en la capital, de forma que quedó expresamente prohibida esta práctica cuando se da de una forma ‘masiva’.
El objetivo no era prohibir que cualquier ciudadano pueda colgar de su vehículo un cartel de ‘se vende’. Lo que se perseguía era evitar la concentración, la creación de un mercado paralelo que entonces y ahora se nutría sobre todo de personas inmigrantes. La ordenanza estableció que «será considerada como venta ambulante no susceptible de ser autorizada, la venta de vehículos realizada fuera de un establecimiento comercial permanente, en la vía pública o en espacios de uso o domino público, y generalmente en zonas de gran concurrencia de público».
Para que eso no impidiera a los particulares anunciar sus vehículos, estableció un sistema por el que autorizaba la venta siempre que se pidiera el permiso municipal, que a su vez quedaba supeditado a que se acreditara la propiedad del vehículo. Si la petición es aceptada, el ciudadano recibe un cartel ‘oficial’ del Ayuntamiento para que los agentes de la policía local no denuncien una infracción a la norma que la ordenanza califica como muy grave y, por tanto, puede conllevar sanciones económicas de hasta 3.000 euros.
Tras su entrada en vigor, la Policía Local hizo un trabajo de revisión continuada de las ‘zonas calientes’ y acabó con eso que la patronal de la venta de vehículos calificó de «auténticos concesionarios pirata». Sin embargo, en los últimos meses se han vuelto a incrementar las denunciar por estos hechos. Sólo en la última semana de agosto y las dos primeras de septiembre se abrieron cinco expedientes sancionadores en dependencias de Comercio a cuenta de esta práctica.
Las zonas donde estaban estacionados los vehículos indican que se está regresando a los hábitos previos a la modificación de la ordenanza. Así, hubo dos denuncias en el entorno de Alcampo y otras dos en la calle Vitoria, además de otra en avenida de Cantabria. La sanción propuesta en las denuncias asciende a 300 euros, pero los expedientes municipales recogen que se ha dado traslado a los afectados para que puedan reconocer voluntariamente su responsabilidad y reducir esa cuantía en un 20%.