La decisión final sobre la incorporación del Condado de Treviño a Álava o su permanencia en los límites territoriales de Castilla y León se trasladará al Congreso de los Diputados después de que ayer el Parlamento vasco aprobara una iniciativa legislativa que reclama ante las Cortes Generales la segregación del enclave.
La propuesta, impulsada por los grupos municipales de las localidades afectadas, gobernadas por formaciones independientes, contó con el respaldo de PNV, PSE y EH-Bildu, mientras que PP y UPyD se abstuvieron. Con esta medida, el Parlamento vasco busca una vía alternativa con la que modificar los límites provinciales mediante una ley orgánica, que por lo tanto, no requeriría el acuerdo con la Junta de Castilla y León.
Es solo un primer paso, ya que ahora se abre el trámite de enmiendas antes de la aprobación definitiva (para la que será necesario otro pleno) de una medida que amparándose en la interpretación del artículo 141.1 de la Constitución resuelva lo que desde el País Vasco se considera un ‘empate’ entre administraciones regionales.
Aunque la aprobación inicial del texto era esperada y ninguna de las cinco fuerzas políticas representadas mostró su rechazo al fondo de la misma, se generó un arduo debate por las formas, encabezado por el PP, reticente con el planteamiento jurídico.
Su portavoz, Carmelo Barrio manifestó en reiteradas ocasiones durante su intervención su deseo de que «Treviño sea Álava lo antes posible» pero justificó la abstención de la formación en las «reservas» que le genera la posibilidad de que la fórmula elegida abra una puerta para que en el futuro una comunidad autónoma «influya en la modificación de facto de un estatuto de otra». Por ello, los populares apuestan por la búsqueda de una solución general que permita superar conjuntamente los «anacronismos históricos» de todos los enclaves nacionales.
Aún así, Barrio aseguró que el PP vasco «seguirá trabajando» en iniciativas encaminadas a la incorporación del enclave a Álava, mostrando su desacuerdo con la «actitud cerrada», que en su opinión, mantienen las instituciones de Castilla y León aún «sabiendo que Treviño será Álava antes o después».
La argumentación popular no convenció a los partidos defensores de la iniciativa legislativa, que acusaron a Barrio de «querer escurrir el bulto». Para Xabier Aguirre (PNV) la situación actual del enclave es un «despropósito cultural, económico y administrativo» y considera que no se puede tildar de «peligroso» un procedimiento que discurre «por vías legales», una opinión compartida por Txarli Prieto (PSE), quien se mostró «sorprendido» por el supuesto «temor» de los populares vascos a su partido a nivel nacional y a que se aborde la temática en el Congreso «a pesar de que tienen la mayoría».
Por su parte, Bildu expresó su deseo de que la vía emprendida permita superar el «bloqueo que impide que se respete la decisión de los treviñeses», mientras que UPyD, a través de su único representante, Gorka Maneiro, ha defendido que el procedimiento se lleve a cabo a través de la modificación del Estatuto de Castilla y León, instando a PSOE y PP a mantener una postura única en las dos comunidades afectadas.