Las grandes ciudades de Castilla y León y los municipios colindantes tendrán que acordar su crecimiento urbanístico, con el fin de lograr un desarrollo «compacto» y evitar conflictos entre ayuntamientos. De esta forma, las 15 áreas funcionales que establece el modelo de ordenación territorial dispondrán de normas urbanísticas de coordinación que identificarán nuevos espacios, donde favorecer el asentamiento de población y la instalación de empresas, así como zonas «saturadas» que no admiten más actividad.

El urbanismo, por tanto, se adaptará a las directrices de la nueva estructura territorial que ha impulsado la Junta de Castilla y León con la elaboración de los mapas de las futuras áreas funcionales estables, correspondientes con los 15 municipios de la Comunidad con más de 20.000 habitantes. Estos espacios estarán formados por 280 municipios colindantes a las capitales y localidades más grandes con una población de 1.606.000 habitantes, el 64% de la de Castilla y León.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha reforzado los mecanismos de coordinación urbanística de los municipios. Para ello, ha introducido cambios en la Ley de Urbanismo de Castilla y León (1995) mediante la nueva norma de medidas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, aprobada recientemente por las Cortes. El texto obliga a los municipios que conformen las áreas funcionales a dotarse de una planificación supramunicipal, con criterios más generales que los planes generales de ordenación.

En ese sentido, el departamento de Antonio Silván pretende impulsar una nueva organización de los núcleos urbanos, basada en el acuerdo entre capitales o grandes poblaciones y el resto de municipios que conformarán el área funcional. De esta forma, el urbanismo se somete a los nuevos mapas territoriales, con el fin de favorecer un diseño urbano no fragmentado, con unas dotaciones racionales de servicios e infraestructuras de transporte y comunicación, según explicaron fuentes de la Consejería de Fomento.

La Junta tendrá que presentar un reglamento para determinar la fórmula y los plazos para que los municipios elaboren y aprueben las normas urbanísticas de coordinación, una planificación, que pretende reducir la recursos judiciales entre ayuntamientos y simplificar la implantación de industrias y espacios comerciales. También persigue reducir el coste de prestación de servicios y poner en valor los centros urbanos de las ciudades, acabando con el nacimiento de barrios «aislados».

Ejes. Las normas urbanísticas de las áreas estables no sólo tendrán que coordinar y armonizar entre sí los desarrollos de la zona, sino también con la planificación sectorial y los instrumentos de ordenación de territorio. Además, deberán plantear y desarrollar estrategias comunes de regeneración y renovación urbana, así como fomentar un crecimiento «compacto». Para ello, identificarán las zonas de urbanización «preferente», donde impulsar la instalación de actividades y el desarrollo de nuevos sectores con el fin de «colmatarlos» y aprovechar las infraestructuras existentes.

Además, harán un diagnóstico sobre las áreas «saturadas», es decir, aquellas que concentren «congestivamente» los desarrollos. En estos enclaves, Fomento entiende que es preciso el «control» de las consecuencias que pueden provocar la llegada de nueva actividad.

Áreas funcionales. La Junta de Castilla y León presentó a principios de julio el mapa de áreas funcionales estables de los 15 municipios de la Comunidad de más de 20.000 habitantes.
La población correspondiente es de 64.968 en Ávila; 198.801 en Burgos; 40.445 en Aranda de Duero; 40.205 en Miranda de Ebro; 208.899 en León; 96.348 en Ponferrada; 105.376 en Palencia; 203.999 en Salamanca; 82.122 en Segovia; 45.663 en Soria; 407.117 en Valladolid; 31.022 en Medina del Campo y 82.004 en Zamora.

Los municipios pueden asociarse en mancomunidades de interés general urbanas, donde es obligatorio que esté el municipio cabecera del área funcional o también pueden integrarse en mancomunidades de interés general rurales. Las primeras tendrán carteras de servicios distintas y flexibles a cada territorio. En el caso de las rurales, la cartera será homogénea para todas.