El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, pidió ayer al Gobierno de España un mayor margen en la flexibilización del límite de déficit, que se ha fijado este año en el 1,2 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto) para el conjunto de las autonomías, cinco décimas más de lo previsto inicialmente. El presidente reclamó un reparto «más equitativo, proporcional y acorde con los esfuerzos, el gasto público y los servicios», así como que no se castigue a las comunidades que en 2012 hicieron «el esfuerzo» de cumplir con el 1,5% marcado.
Herrera, que inauguró en Valladolid el sexto Congreso de UGT Castilla y León, recordó que las comunidades tienen atribuido en torno al 35 por ciento del gasto público de las administraciones españolas, del que la mayor parte corresponde a servicios básicos «fundamentales» como sanidad, educación, servicios sociales y políticas de empleo, que, a su juicio, tienen «un carácter poco flexible» y en las que no cabría hacer más «ajustes».
Por lo tanto, el presidente considera que el porcentaje del nuevo margen de flexibilidad que se conceda a las comunidades debe, en su opinión, «ser consecuente con ese 35 por ciento». En cambio, según sus cálculos, si se confirma el límite del 1,2 por ciento, Castilla y León «sólo se beneficiaría del 19 por ciento del margen del déficit público».
Aunque insistió en la necesidad de un reparto «igual para todas las autonomías», Herrera matizó que debe haber «sensibilidad» con las necesidades del Estado en materia de Seguridad Social, sobre todo en lo relativo a las pensiones, para que queden cubiertas las necesidades, y reconoció que Castilla y León es «netamente receptora». Pero en todo caso, ha recalcado que el Gobierno «debe ser consciente de cuáles son los servicios públicos» que prestan las autonomías y que su calidad no quedaría garantizada si se establece el objetivo citado.
Ante 165 delegados sindicales de UGT, representantes de partidos políticos y de instituciones, Juan Vicente Herrera se comprometió a «la defensa de los intereses de Castilla y León» en Madrid, para dar «continuidad al proceso de consolidación fiscal», lograr una «autoridad fiscal independiente», sacar adelante la Ley de Transparencia, «luchar contra la morosidad» y llevar a buen puerto la «reforma de las administraciones públicas, en especial la local».
Sindicatos. Por otro lado, Herrera abogó por un «sindicalismo moderno y útil» y reivindicó «el diálogo social y los acuerdos políticos en un momento clave».
Ante representantes de UGT y CCOO, el presidente de la Junta animó a ambos sindicatos a dar «una respuesta eficaz y responsable a los problemas de los trabajadores» y a «seguir aportando» cosas, al margen de las «críticas y discrepancias» con el poder.