La Concejalía de Licencias ha conseguido quitarse de encima seis expedientes de ruina en los últimos dos años, un período de tiempo que puede parecer muy amplio para solo seis edificios pero que no lo es tanto si se tiene en cuenta que la resolución de este tipo de asuntos puede prolongarse durante lustros con bastante asiduidad. En concreto, desde enero de 2012 hasta ahora se han demolido dos casas de la capital y otras cuatro ubicadas en Villalonquéjar, Villatoro, Villagonzalo y Villayuda. Hay otras dos con plazo de demolición antes de que acabe el año. Sin embargo, si bien es cierto que este empujón permite no engrosar la lista de ruinas de la capital tampoco la reduce de manera considerable porque el pasado jueves, por ejemplo, se añadieron dos nuevas.
Cada año se abren decenas de expedientes de ejecución cuyo objetivo es obligar a los propietarios a devolver a sus viviendas las condiciones de seguridad, ornato, salubridad y calidad exigidas, pero no todos esos asuntos concluyen con la declaración de ruina. Al año suele haber, aproximadamente, una treintena de expedientes de ruina ‘vivos’ en la capital. La tramitación de esta casuística varía en función de si se trata de una ruina parcial, total o inminente, pero todos los tipos tienen en común la prolongación en el tiempo.
De ahí que la concejala de Licencias, Dolores Calleja, no oculte su satisfacción al haber liquidado seis ruinas en dos años, en gran medida gracias a que «la obligación de realizar las inspecciones técnicas de las viviendas nos ha ayudado muchísimo, porque ha sacado a la luz casos de los que nosotros no nos hubiéramos enterado sin denuncia y que no hubiéramos podido resolver con tanta rapidez».
Este ha sido el caso de los expedientes relativos al número 2 de la calle Eras (Gamonal), al 9 del Camino Burgos (Villaonquéjar) o al 60 de la calle Mayor (Villayuda), que y están demolidos. Pero las inspecciones obligatorias también han permitido agilizar la demolición del número 18 de la plaza del Sobrado, cuyo expediente está archivado pero aún no se ha derribado, y también la del 12 de la calle Barrezuelo de Villatoro, cuyo derribo estaba esta semana en fase de ejecución.
A estos cinco casos hay que añadir un bloque de la calle Palacios de Villagonzalo, a cuyos propietarios se les ha dado un plazo para derribar que concluirá el próximo 9 de enero o el 48 de la calle Laín Calvo. Este caso es particular porque se incluyó entre las inspecciones que habían derivado en ruina a causa de los desperfectos detectados en la fachada, pero según las últimas informaciones oficiales los propietarios han hecho las obras requeridas y el bloque ha salido del listado y el expediente se ha archivado.
Sobrado 40. Desde comienzos del siglo XXI, raro es el año en el que Licencias no tiene que tramitar algún expediente de ruina en el Sobrado. Y no porque la antaño bella plaza tenga muchos edificios, sino porque los pocos que quedan están en tan malas condiciones que el Ayuntamiento tiene que estar todo el día detrás de los propietarios (Patrimonio Nacional o particulares) apremiándoles a que realicen determinadas obras de mejora o las demoliciones, si es el caso. Y en lo que se refiere al número 40, que es de un particular, ya están a punto de cumplirse dos años de la declaración de ruina y ahí está la casa: abandonada y con una orden de demolición que no se puede acometer porque, según Licencias, los propietarios no han pagado la tasa de gestión de residuos.
Lo ocurrido en este rincón de la ciudad es desalentador porque el Estado es el propietario de 17 de las 40 casas y, por lo tanto, ha sido la Administración quien no ha cumplido con la obligación de mantener sus propiedades en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato. Y como destaca la concejala de Licencias, que por activa y por pasiva ha pedido a Patrimonio Nacional que intervenga, «no se le puede exigir a un particular lo que la Administración no hace». De ahí que ella siempre se haya mostrado partidaria de que la misma ley que impone la obligación de proteger, articule medidas para que los particulares puedan garantizar ese buen estado de conservación.
Sin embargo, esto no significa que el Ayuntamiento vaya a hacer la vista gorda. Y si los dueños del número 40 no intervienen, tendrá que hacerlo el Ayuntamiento y pasarles la factura a continuación, algo que ya ha hecho en otras ocasiones en ese entorno.
En lo que respecta al resto de ruinas afloradas gracias a las inspecciones técnicas, se reparten tanto en la capital como en diversos barrios del término municipal, incluyendo el alfoz.