El número de matriculaciones en los institutos públicos parece haberse mirado este año con lupa haciendo cumplir la normativa de la Administración regional referente al mínimo de alumnos que debe sumar una asignatura para que pueda impartirse, tanto de modalidad (más específica de los estudios que se cursan) como optativa (de carácter generalista). Al menos eso mantiene la Plataforma Escuela Pública, Laica y Gratuita y reconocen algunos centros educativos consultados por este periódico, pero que no comparte la Dirección Provincial de Educación.
El caso es que, según los datos de la Plataforma (integrada por sindicatos, padres y otros colectivos), medio centenar de alumnos de Bachillerato se han visto afectados por la eliminación de algunas materias en las que no se llegaba a la ratio mínima, establecida en ocho estudiantes en el medio rural y 10 en la capital. Las alternativas ofrecidas pasan por el cambio de asignatura, opción que han elegido la mayoría de los estudiantes, o de centro donde cursarlas, así como la posibilidad de poder realizarlas a distancia, modalidad esta última que no convence a la organización por cuanto considera que disminuye la calidad de la enseñanza.
Los centros donde se ha producido esta situación son el Cardenal López de Mendoza (el turno nocturno), Diego de Siloé, Enrique Flórez, Diego Marín, y Pintor Luis Sáez, todos en la capital; el Cardenal Sandoval y Rojas y el Vela Zanetti, en Aranda, y los institutos de Lerma, Villasana y Villarcayo, según los datos que maneja la Plataforma. Y las asignaturas eliminadas son griego, latín, historia del arte, dibujo técnico, tecnología industrial, literatura, cultura clásica, geología o ciencias de la tierra. En la mayoría de los casos, ninguna de ellas superaba los cuatro matriculados.
Para los integrantes de la agrupación, lo llamativo del caso es que la eliminación de estas asignaturas, que en algún caso también han afectado a últimos cursos de la ESO, se haya producido con el curso ya en marcha. Es decir, con los libros comprados y con los horarios de los centros confeccionados. «Antes de comenzar el curso se sabía que no se llegaba a la ratio pero siempre se han mantenido las asignaturas», afirman, para después añadir que este año ha habido una mayor «rigidez» a la hora de aplicar la normativa, algo de lo que, según denuncian, han tenido conocimiento la semana pasada.
La explicación que dan algunos institutos consultados también va en la misma línea. «Otros cursos no se ha aplicado y este sí», subrayan, al tiempo que muestran su sorpresa por el hecho de que no se permita sacar esta oferta educativa «teniendo plantilla», ya que «no supondría ningún gasto» para la Administración regional.
Los centros afectados, unos más que otros dependiendo del número de alumnos, se han visto obligados a realizar un reorganización de sus plantillas y horarios. En este sentido, la Plataforma afirma que no se ha producido ningún recorte en este sentido, sino que se ha asignado a los docentes de estas materias tareas de apoyo o biblioteca. No obstante, es aquí donde advierte de una posible reducción del número profesores de cara al próximo curso al considerar que lo que se ha suprimido no se volverá a recuperar. Aunque por el momento no ha anunciado medidas, dado que han tenido conocimiento de la situación hace poco tiempo, el colectivo de padres avanza que acudirá a la Educación y estudiará posibles acciones.
Por su parte, el director provincial de Educación, Juan Carlos Rodríguez Santillana, asegura que lo ocurrido este año no resulta algo excepcional con respecto a cursos anteriores. En cualquier caso, no comparte los datos de la Plataforma y pone de relieve que de las 250 materias que no llegaban al mínimo de alumnos tan solo se han suprimido cinco en 4 centros. A modo de ejemplo, precisa que en los institutos de Villadiego o Melgar se mantiene la docencia de materias con muy pocos estudiantes.