El Gobierno de España está decidido a cambiar la norma actual que se utiliza para calcular la subida anual de las pensiones. Para ello, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, anunció ayer que revisará el nuevo modelo en base a la media de la inflación de los últimos 12 meses.

Granado adelantó que ha remitido una propuesta a los agentes sociales para que las pensiones se revisen cada año con un indicador ligado a una media del IPC interanual.

Este mecanismo se empleará oficialmente a partir de 2020 y modificará el índice de revalorización actual que aplica un incremento de un 0,25% mientras la Seguridad Social se encuentre en situación de déficit. 

La principal característica es que el nuevo baremo hará que las nóminas de los jubilados suban conforme el IPC real y no con el dato de un mes concreto como hasta ahora.

Esta iniciativa de actualización, según el secretario de Estado, se aplicará a partir del año que viene y tendrá que convalidarse en las Cortes. «Hay dos o tres cosas claras: en primer lugar, qué tenemos que hacer el año que viene, porque éste no tenemos ni norma que lo habilite ni posibilidad de contabilizar una subida, aunque sí tenemos dinero para pagarlo», resaltó Granado.

Según el Ejecutivo, la nueva fórmula de revalorización es la «más justa como mecanismo corrector ante la desviación de los precios, ya que la media de los últimos 12 meses y el IPC de noviembre suelen coincidir, salvo en años en los que se produce una errática subida o bajada de los precios».

 No obstante, para el cálculo de 2019, se utilizará el promedio de noviembre de 2018 sobre diciembre de 2017 para evitar la pérdida de poder adquisitivo de este colectivo y compensar la diferencia con el incremento previsto del IPC. Según acordó la Seguridad Social, las pensiones este año subieron un 1,6% y las mínimas un 3%. Sin embargo, con la nueva metodología de revalorización, la media de noviembre de este año sobre diciembre del ejercicio pasado es del 1,7%, por lo que a los jubilados se le compensará con un aumento del 0,1% adicional, lo que tendrá un coste de unos 256 millones de euros para las arcas públicas, de los cuales 128 millones corresponden a la compensación y los otros 128 para consolidar las cuentas del Estado.

De esta manera, el Gobierno establece esta metodología para seguir la recomendación del Pacto de Toledo, encargado de velar por la sostenibilidad del sistema de pensiones español.

El Banco de España avisa de que vincular pensiones y precios costaría más de 35.000 millones. El gasto del sistema será 3,4 puntos porcentuales del PIB superior al previsto en 2050 si desde ahora se vincula al IPC su revalorización y se mantiene el retraso en la entrada en vigor del factor de sostenibilidad establecido por el Ejecutivo en 2023.

Mientras, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que la intención del Gobierno es revalorizar las pensiones con el IPC que sea «más favorable» de entre el mes de noviembre o el de diciembre, que todo apunta a que será con el primero, que cerró con un alza de los precios del 1,7%. 

Montero matizó que cuando se disponga del dato definitivo de inflación correspondiente a diciembre se podrá ver y confirmar el cálculo con total exactitud.