La Mesa de Diálogo Social, foro habitual de negociación del Gobierno central (a nivel nacional) y la Junta de Castilla y León (regional) con empresarios y sindicatos mayoritarios, ya tiene su traslación al ámbito municipal manteniendo el mismo objetivo de fortalecer la unión de intereses para incentivar la actividad económica y la creación de empleo en la ciudad.
Burgos es pionera a nivel regional en esta iniciativa, surgida a raíz de los trabajos conjuntos entre los firmantes para paliar el impacto de la catástrofe de Campofrío, y que no solo nace cargada de buenas intenciones, sino que viene acompañada con acuerdos concretos pactados en los últimos dos meses de negociaciones con la patronal FAE y los sindicatos CCOO y UGT. Sus máximos representantes provinciales, Miguel Ángel Benavente, Fidel Ángel Velasco y Roberto Gómez, respectivamente, firmaron ayer el acuerdo junto con el alcalde en un acto formal celebrado en el Fórum Evolución, al que asistieron varios concejales y también responsables regionales de los sindicatos implicados.
En el capítulo de acuerdos, Javier Lacalle detalló que el Ayuntamiento se compromete a crear 240 puestos de trabajo durante este año, en contratos de 6 meses de duración, para desarrollar actuaciones de interés general para la ciudad. El Ayuntamiento, en coordinación con programas de empleo de la Junta de Castilla y León y algunas entidades colaboradoras, aportará 1,3 millones de euros, principalmente para la contratación de parados de larga duración y personas discapacitadas.
Asimismo, a raíz del acuerdo sellado ayer, la partida de apoyo para cubrir las necesidades básicas de las familias más afectadas por la crisis se incrementa en 200.000 euros (que se suman a los 300.000 que ya contempla el Ayuntamiento).
Por último, Lacalle anunció que las bonificaciones y ayudas a las empresas que se instalen en la ciudad y promuevan el empleo se «incrementarán a mayores» sobre las que ya se aprobaron el pasado año. Se prevé que en marzo se aprueben las modificaciones legislativas vinculadas, sobre todo, a los impuestos del IBI y el IAE.
Subrogación
Por parte sindical, Fidel Ángel Velasco subrayó el compromiso alcanzado respecto a la garantía de subrogación de las plantillas de las empresas que prestan servicios para el Ayuntamiento, lo que consolidad el mantenimiento del empleo existente aunque cambien las adjudicatarias de estos servicios en sucesivos concursos públicos. Se trata de un punto polémico y generador de muchos conflictos que finalmente queda plasmado sobre papel.
Roberto Gómez, de UGT, insistió en que el camino marcado tras el incendio de Campofrío es un modelo a seguir. «Lo importante es que todos aportemos nuestro granito de arena para defender nuestra provincia e intentar acabar con la lacra de los 31.000 desempleos que tenemos».