La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) para la extinción de 44 contratos de la empresa Equipos Termometálicos (ETM), cuya disolución y liquidación fue autorizada por el Gobierno a finales del pasado mes de julio. La plantilla, que ayer fijó con la dirección el calendario de la negociación de los despidos, insiste en que aún es posible encontrar un inversor privado o público que aporte viabilidad al fabricante de bienes de equipo del polígono de Villalonquéjar.

El calendario de las consultas  previas del ERE comenzará mañana, día en el que se espera conocer la oferta que la SEPI realizará a los trabajadores afectados por el cierre, y se prolongará por espacio de 15 días. Esta mañana el comité de empresa volverá a reunirse con la patronal FAE en la Casa del Empresa (espera hacer lo propio con la Cámara en próximas fechas), en un intento de volver a aunar en su causa a las instituciones públicas y privadas de la provincia y la región, además de los partidos políticos, para evitar que se ejecute la liquidación.

Ayer, antes de reunirse con la dirección (a la que recibieron con pitos y pancartas en contra del cierre), los trabajadores recibieron la visita del secretario provincial del PSOE, Luis Tudanca, quien coincidió con los afectados en que «el tiempo juega en contra». No obstante, insistió en que es una empresa pública «y por tanto hay una responsabilidad pública en su viabilidad futura».

El representante socialista recordó que en la pasada legislatura se logró un acuerdo que garantizaba la viabilidad de ETM y que la ruptura del mismo ha llevado a la compañía a la situación actual. «Pedimos -reclamando también la implicación de Ayuntamiento, Diputación y Junta de Castilla y León- que se agoten todas las vías para garantizar la continuidad de ETM y, en todo caso, se deber ser escrupulosamente respetuoso con la dignidad de sus trabajadores, teniendo en cuenta la responsabilidad que han tenido con su empresa y durante las negociaciones».

El Gobierno de España argumentó su decisión de extinguir ETMpor su «mala situación», que detalló en los «equipos obsoletos, el elevado coste de fabricación, la reducida cartera de pedidos y la debilidad comercial».