Ya sea por curiosidad o por mero aburrimiento, todos hemos probado alguna vez a escribir nuestro nombre en Google o cualquier otro buscador de internet para ver que aparecía. Y el resultado puede no ser de nuestro agrado al descubrir que multitud de datos personales como el número de teléfono, el correo electrónico o incluso la dirección de nuestro domicilio están al alcance de cualquiera en apenas unas milésimas de segundo.
El lado oscuro de la sociedad de la información tiene su cara más amarga en internet, la herramienta de comunicación pública donde se ha abierto la veda al descontrol de la privacidad de los datos personales. Inmersos como estamos en una vida virtual de redes sociales, blogs, foros y datos informatizados, cada vez resulta más difícil vigilar lo que todo el mundo puede ver. Fruto de esta problemática nace la expresión 'derecho al olvido', esto es, la reclamación de desaparecer completamente de la red de redes.
Debido a la imagen de internet como un medio sin orden ni ley, parece que hay que resignarse a que fotografías, críticas u opiniones que atañen a nuestra persona queden colgando en los resultados de búsqueda por los siglos de los siglos. Situaciones tan incómodas como que nuestro nombre aparezca en una multa de un boletín digital, en una denuncia o delito de una noticia, o incluso figure en listas de morosos, puede marcar a alguien para siempre.
Máxime teniendo en cuenta que es práctica habitual en las empresas estadounidenses el comprobar el currículum cibernético de los empleados o aspirantes a un puesto, una tendencia que cada vez se está extendiendo más a este lado del charco. Y es que actualmente una búsqueda en Google puede contar mucho sobre una persona, desde sus datos más básicos hasta su orientación política, sexual o ideológica, pasando por dejar al descubierto sus trapos sucios con total impunidad.
Surge así la necesidad de desaparecer de la red, y con ella, empresas como www.salirdeinternet.com, que ofrece este servicio a partir de 50 euros. Encabezado por Miguel Juan Cobacho López, abogado murciano, y apoyado por otros 3 letrados expertos en protección de datos y privacidad, este portal supone una iniciativa pionera en nuestro país cuyos méritos son su mejor carta de presentación.
Cobacho ha tramitado con éxito la primera supresión en España contra boletines digitales, sin acudir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), sino invocando el mismo derecho a la protección de datos. También fue el primer abogado en plantar cara con éxito a Google en el año 2007, entendiendo que el famoso buscador de internet era responsable de multiplicar los efectos de un nombre en la web.
La empresa proporciona a los ciudadanos asesoramiento jurídico en las reclamaciones y garantiza la devolución del dinero en el caso de fracaso. El coste de este servicio es variable: 50 euros por los expedientes tramitados ante un tercero; 90 si se tramita ante la AEPD, con el fin de retirar o corregir datos; y 190 en el caso de denuncia ante la AEPD, en el que además se solicita una sanción para el presunto infractor. Un plus de 50 euros posibilita que las reclamaciones sean tramitadas directamente por Corbacho en representación del cliente.
La joven empresa, que lleva operando tan solo 2 meses, se declara desbordada, ya que se encuentra tramitando más de 300 peticiones actualmente y no para de recibir nuevas. El perfil de solicitante es muy variado, aunque coinciden personas a las que les han sucedido cosas hace años y no se resignan a aparecer en los boletines virtuales para siempre. Las reclamaciones más usuales son éstas, seguidas de otras referentes a redes sociales, por ejemplo fotografías asociadas a contenidos despectivos.
«La gente no se esperaba que internet fuera un medio tan rápido y universal. Una búsqueda en Google te define a una persona», cuentan desde la empresa. También hacen patente la necesidad de regular por ley la inclusión de nombres en los boletines digitales porque «no es normal que se publiquen indultos asociados a la descripción del delito que procedieron», explican.