El Gobierno quiere buscar una fórmula para que las pensiones sean lo más «correspondientes y razonables» con las aportaciones que se hacen al sistema. Así lo explicó ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que pidió durante su conferencia en el Forum Europa buscar una solución asumible por todos los agentes del Pacto de Toledo.
En todo caso, se mostró contrario a la posibilidad de utilizar toda la vida laboral para calcular las pensiones, y recordó que la posibilidad de ampliar la edad de jubilación a los 67 años desde los 65 años es la propuesta del Gobierno. Según dijo, las propuestas no se retiran ni se abandonan aunque sí se negocian y pueden modificarse. «La base final del acuerdo creará un escenario común», señaló. Según afirmó, los jóvenes tendrán que abandonar más tarde el mercado laboral porque dedican más tiempo a formarse y empiezan a trabajar más tarde.
Granado -que fue presentado por Juan Ramón Quintás, presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, quien destacó la personalidad del burgalés y su proverbial timidez- respondió así al ser preguntado si se cambiará el cómputo de cálculo de las pensiones. Según explicó, una mayor correspondencia entre las aportaciones y las prestaciones mejorará las pensiones de los despedidos, mientras que las del resto serán más reducidas.
El secretario de Estado de Seguridad Social explicó que utilizar toda la vida laboral para calcular las pensiones plantearía muchos problemas, por lo que apostó por otro tipo de soluciones técnicas. Acerca de una eventual ampliación de la edad de jubilación a los 67 años, Granado dijo que ésa es la propuesta del Gobierno, que no abandonará ni retirará, aunque sí la podrá modificar.
La caja no se rompe
Preguntado por la transferencia de la Seguridad Social que demanda el País Vasco, Granado aseguró que no habrá una «ruptura» de la caja única del sistema «ni a corto, ni a medio ni a largo plazo», porque sería «absurdo» territorializar el gasto de la Seguridad Social, que es la Administración «más eficiente» de España.
Durante su intervención, Granado resaltó la importancia del problema que supone el envejecimiento de la población y puso de manifiesto la necesidad de acordar una reforma que parta de un «diagnóstico compartido» que cumpla con el pacto entre generaciones y se haga en un período «suficientemente dilatado».
Según dijo, la reforma debe ser «compleja» y no basarse en una única medida, sino que debe abarcar todas las prestaciones del sistema. En este sentido, aseguró que la necesaria reforma no se diferencia «demasiado» de las que se han hecho en los últimos años, por lo que no debería ser «nada complicado».
Octavio Granado recordó que todos los gobiernos han hecho retoques del sistema y que ahora lo que se necesita es una «nueva arquitectura» que recoja las nuevas realidades del país, algo para lo que España cuenta con cierta ventaja porque todos los gobiernos son «herederos gozosos de la experiencia de sus predecesores».