La directiva europea Bolkestein, orientada a la liberalización en la implantación de servicios, extiende sus tentáculos hasta los recovecos más insospechados, entre ellos, los mercadillos callejeros. La Concejalía de Comercio estudia en estos momentos cómo modificar la ordenanza reguladora de la venta ambulante. La Ley de Comercio estatal impide ya a los municipios exigir el requisito del empadronamiento como condición para ser adjudicatario de una licencia de un puesto callejero. En estos momentos la norma burgalesa contraviene el principio de la ley estatal.
Al tiempo que el Consistorio analiza cómo reformar la ordenanza, la Comisión de Comercio aprobaba ayer el pliego de condiciones para adjudicar los puestos del mercadillo de El Parral con motivo de la fiesta de Curpillos el próximo 11 de junio. Y ya no incluye la celebración de una primera subasta, solo para los solicitantes burgaleses, y otra, si sobraban plazas, para los foráneos. A partir de este año esto no sucederá.
La reforma de la ordenanza afectará sobre todo a los mercadillos permanentes, los que se celebran en el paseo del Empecinado (117 puestos), El Plantío (126) y el parque de los Poetas (136). Todos ellos tendrán que renovar sus licencias a partir del mes de octubre y para esa fecha ya deberá estar modificada la norma.
De la ordenanza también deberá desaparecer otro principio, según informó ayer el concejal socialista Daniel de la Rosa. Es el de la renovación automática de las licencias en los casos de los puestos que no hubieran sido sancionados por incumplimiento de la normativa. «El problema es que el número de solicitudes supera la cifra de licencias», explica el edil. Por lo que se corre el riesgo de que, si el «Ayuntamiento aprueba demasiado pronto una nueva ordenanza que elimine estos requisitos, los propietarios burgaleses de los puestos se queden sin licencia y además no puedan acudir a otros municipios por no tener éstos aprobada la ordenanza liberalizadora».
Para otorgar las licencias, el Ayuntamiento está barajando la opción del sorteo puro y duro, pero todavía no hay nada decidido, señala Pilar Martínez.
El PSOE lanzó ayer en la Comisión de Comercio una serie de propuestas para la reforma de la ordenanza. En primer lugar, recuerda que el sorteo no es procedimiento al que obliga la directiva europea para la concesión de estas licencias. En segundo lugar, pide que se tengan en cuenta las diferentes inversiones que hayan hecho los comerciantes con el fin de concederles las «prórrogas necesarias para que amorticen» sus gastos. Y plantea también una excepción de acuerdo a criterios de política social: establecer «una reserva de plazas para los colectivos en riesgo de exclusión social, ya que la mayoría de quienes regentan los puestos pertenecen al colectivo gitano y al inmigrante». En la actualidad el Ayuntamiento reserva el 10% de las licencias a estos grupos y el PSOE sugiere que «el porcentaje debería ser mucho mayor».
Los socialistas piden al Ayuntamiento que el marco regulatorio de esta actividad se pacte en la Federación de Municipios y Provincias con el fin de que no haya diferencias entre las distintas legislaciones.