Desde hace casi quince años lleva colgada esta panacarta en el depósito de agua de Villasandino.
Lo que unos rechazan otros desean, aunque se trate de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad, instalación que llevará al lugar elegido por el Gobierno central una lluvia de millones en inversiones que, al entender de las corporaciones municipales que lo han solicitado, les sacará de la decadencia y traerá la prosperidad a sus vecinos.
Mientras ocho pueblos esperan que les toque el premio gordo, los admitidos son Albalá (Cáceres), Ascó (Tarragona), Melgar de Arriba (Valladolid), Santervás de Campos (Valladolid), Torrubia de Soria (Soria), Yebra (Guadalajara), Villar de Cañas (Cuenca), y Zarra (Valencia), otros respiran ya tranquilos al tener la certeza de que el nombre de su localidad ha desaparecido del expediente en el que se incluían como ‘lugar apropiado’ para acoger esa instalación, es el caso de las localidades burgalesas de Villasandino, Salinas de Rosío y Poza de la Sal.
Fue en el verano del año 1995 cuando de forma espontánea, y al hilo de algunas noticias aparecidas en prensa a través de los grupos ecologistas, los vecinos de Villasandino, Poza de la Sal y Salinas de Rosío se organizaron para protestar contra la posible instalación de un cementerio nuclear en sus términos municipales. .
Pero antes de que esto ocurriera, la sospecha se levantó en esos municipios con la presencia de camiones y personal realizando prospecciones. En Villasandino, unos pensaron que esos caminos que se encontraban en dirección a la vecina Grijalba estaban buscando petróleo, y otros pozos de agua, algo que tampoco parecía tan descabellado debido a los problemas que ya por aquel entonces sufría el municipio.
Ese movimiento de camiones y personas en los diapiros de Poza de la Sal y Salinas de Rosío no despertó tantos recelos como en Villasandino porque allí era frecuente ver a estudiosos en esas formaciones geológicas. Los vecinos no dieron mayor importancia a ese movimiento de personas hasta que saltó la noticia.
No era ni petróleo, ni agua lo que buscaban aquellos camiones. Lo que estaban haciendo era estudiar la geología del terreno; granítico, impermeable y sin movimientos telúricos. La tierra cumplía los requisitos para instalar un AGP (Almacén Geológico Profundo) que albergara residuos nucleares. Pero nadie sabía nada.
Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos en España, había realizado un estudio para localizar zonas sedimentarias estables donde pudiera instalarse ese cementerio nuclear subterráneo. En ese estudio, en el que figuraban casi mil localidades de todo el país, se quedó reducido a una veintena de zonas como lugares idóneos al tener unos terrenos con características apropiadas, además de poca densidad de población y baja capacidad de movilización social.
La noticia corrió como la pólvora y la respuesta fue inmediata y contundente, en especial en la comarca Odra-Pisuerga. No hizo falta mucho trabajo para que los vecinos de Villasandino y de otros pueblos del entorno se organizaran en una caravana de coches para protestar contra los supuestos planes del Gobierno. Aquel fue el germen de la ciclomanifestación anual y de la Coordinadora Odra-Pisuerga, que a día de hoy no ha pensado en disolverse a pesar de que aquella historia haya tomado otros derroteros.
Desde aquel verano del 95, un grupo de doce personas ha mantenido en activo la coordinadora con reuniones mensuales, charlas informativas, festivales de música y una ciclomanifestación todos los veranos. Quince años de actividad para que el tiempo no mandara al olvido una reivindicación que aún se puede ver en una gran lona colgada en el depósito de agua a la entrada del pueblo: ‘NO al cementerio nuclear’. «Estaba claro que no se quería esta instalación porque estábamos convencidos de que no era buena para la comarca. Hay otras formas de revitalizar una zona sin tener que hipotecar a las futuras generaciones», comenta el actual presidente de la coordinadora, Javier Lezcano.
También en las otras dos localidades afectadas se crearon plataformas ciudadanas, Amacer y Poza Verde, menos activas en el tiempo que la Odra-Pisuerga, para expresar el rechazo vecinal a la posible ubicación del cementerio nuclear. Las tres, con la colaboración de grupos ecologistas y plataformas creadas en potros puntos del país, organizaron actividades conjuntas para expresar el rechazo a una instalación necesaria, pero no deseada en esos lugares.
El presidente de la Coordinadora Odra-Pisuerga, y también alcalde Palazuelos de Muñó considera que el trabajo realizado en estos quince años ha servido de mucho, y que algo tendrá que ver con el hecho de que ningún municipio de la provincia haya optado al ATC (Almacén Temporal Centralizado), nuevo sistema de almacenamiento por el que se optó en el I Plan de Residuos de 2006 en sustitución del AGP del IV Plan de Residuos. «Ha tenido que calar. La gente está concienciada porque de lo contrario siempre habría aparecido algún espontáneo», manifiesta.
Pero, ¿qué puede llevar a un pueblo a optar por una instalación de estas características? Lezcano no tiene clara la respuesta, se lo piensa dos veces y contesta con otra pregunta, aunque matiza que la razón nunca será el desconocimiento. «Lo que no sé es qué puede llevar al Ministerio de Industria a hacer esta convocatoria y meter a todos en el mismo saco. Además, esto no tiene tanto éxito porque de 8.500 pueblos que hay en España tan solo se han presentado una docena», reflexiona, aunque enseguida deja en el aire la idea de eludir responsabilidades.
Sobre el futuro de esta plataforma, su presidente se muestra cauto y prefiere esperar el transcurrir de los acontecimientos. «El objetivo fundacional se mantiene porque esto va a tener mucho recorrido. No es tan fácil decir a aquí sí o aquí no. Vamos a esperar a ver cómo acaba esto», precisa. De cualquier forma, Lezcano se muestra partidario de organizar este año la ciclomanifestación y apuesta por una transformación de la coordinadora en organización reivindicativa de las necesidades que tiene esta comarca.
Las otras dos plataformas hace años, tal vez desde que el Gobierno central apostó por el Almacén Temporal Centralizado (ATC) en lugar del Almacén Geológico Profundo (AGP), cesaron prácticamente en su actividad reivindicativa al considerar que la construcción en superficie del almacén de residuos nucleares ya no suponía un riesgo para sus localidades. Luego llegó la aprobación del VI Plan General de Residuos Radiactivos en el que se establece la necesidad de construir el ATC y que el lugar se seleccionará entre los municipios que lo soliciten, anunciando una inversión total para el desarrollo del proyecto del orden de 700 millones, dando lugar a una ocupación media durante la fase de construcción de 300 trabajadores. Además, el municipio elegido también acogerá un parque empresarial y 11,5 millones de euros anuales en compensación.
Ningún municipio burgalés, tan solo el alcalde de la Merindad de Cuesta Urria se lo llegó a plantear durante el período de información pública del proyecto, aunque desistió por la presión vecinal, ha solicitado acoger el ATC.