José María Ruiz-Mateos se disfrazaba de Supermán para llamar la atención de los medios durante su particular cruzada contra el Gobierno socialista que expropió el imperio empresarial que dirigía. Casi 30 años después el papel de héroe, y no precisamente del cómic, lo interpreta un abogado burgalés que pelea contra el Estado una indemnización multimillonaria.

Desde su despacho de la Plaza de la Libertad, Juan Manuel García-Gallardo encabeza la solicitud de retasación de los antiguos bienes de Rumasa que de prosperar obligaría a pagar hasta 18.000 millones de euros a los Ruiz-Mateos, una auténtica fortuna que amenaza con dañar aún más las maltrechas arcas públicas.

¿Y qué hace este letrado inmerso en un caso de alcance nacional? García-Gallardo había tenido una relación profesional anterior con la familia que tiene a la abeja como símbolo de laboriosidad. Y aunque no era su abogado, hace seis años le pidieron su opinión acerca de una sentencia del Supremo sobre los justiprecios de Rumasa. Ya sabían que el Estado ni les había pagado nada ni había reservado cantidad alguna para ello, pero el letrado burgalés fue el primero que detectó la relevancia jurídica de las vías legales que se abrían ante estas dos circunstancias. A su juicio, según la Ley de Expropiación Forzosa, era posible solicitar la retasación y a ello dedica sus esfuerzos desde 2005.

A lo largo de los últimos meses varios diarios nacionales, económicos y de información general, se han hecho eco de las novedades en el caso y, citando fuentes de la familia Ruiz-Mateos, subrayan las posibilidades de prosperar de esta retasación.

Tanto es así que varios fondos de inversión, uno de ellos de procedencia árabe, se habrían interesado por los derechos económicos de la expropiación avalando las tesis de una resolución favorable a la familia y condenante para el Estado. Los 18.000 millones de euros que se barajan como indemnización darían más de un quebradero de cabeza al Gobierno. Se vería obligado incluso a buscar mecanismos para ejecutar el pago, endeudándose o generando más déficit público.

La sonada intervención estatal del "holding" tuvo lugar el 23-F de 1983. En la operación se vieron afectadas sus más de 700 empresas, con un volumen de negocio estimado en 350.000 millones de pesetas y con alrededor de 65.000 empleados a su cargo.

Entre las firmas emblemáticas que pertenecían al grupo estaba Galerías Preciados, que poseía en Burgos el centro comercial situado entre las calles Moneda y Almirante Bonifaz, convertido tras la expropiación en El Corte Inglés.

Precisamente la retasación de Galerías será previsiblemente el primer caso en ser resuelto, algo que según los cálculos de García-Gallardo ocurrirá antes de seis meses, cuando emita sentencia la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Para el resto de las reclamaciones quizás haya que esperar un par de años.

Mientras tanto, José María Ruiz-Mateos sigue renaciendo de sus cenizas cual ave Fénix a través de Nueva Rumasa, un grupo empresarial que ya emplea a diez millares de trabajadores y que mediante campañas publicitarias en todos los medios recuerda constantemente que sigue en la brecha, ahora más que nunca.