La naturaleza jurídica del Grupo Banca Cívica y el rechazo sindical a que se configure como una sociedad anónima con licencia para operar como un banco, está centrando los últimos flecos de la negociación de este complejo proceso financiero, que ya tiene prácticamente cerrados los documentos básicos (el contrato de grupo y el plan de integración), y que ya se aproxima a la convocatoria de los consejos de administración y asambleas generales de las tres cajas implicadas, algo que se debería producir a lo largo de este mes.
Los promotores del proyecto han encargado un estudio al despacho Uría Menéndez, el mismo que diseñó el finalmente fallido proceso de integración de las seis cajas de Castilla y León, en el que analiza las características y ventajas de cuatro alternativas de naturaleza jurídica que podría adoptar el grupo económico consolidable de cajas para empezar a operar en los mercados nacional e internacional.
En concreto, el estudio, que será analizado previsiblemente en el Consejo de Administración de Caja Burgos convocado para el próximo día 10, analiza la posibilidad de transformar la sociedad central, que tendrá su sede en Madrid, en una confederación de cajas de ahorros, en una caja de ahorros única, en una cooperativa de crédito o en un banco.
Pese a ser la que más recelo despierta en la Mesa Laboral, esta última figura, una sociedad anónima con licencia para operar como un banco, sería la que más visos tiene de implantarse en la actualidad, no sólo por que tendría un respaldo legal en el que justificarse, sino porque es el procedimiento que más parece convencer al Banco de España por su facilidad de implantación.
La creación de una confederación de cajas e incluso de una caja requeriría cambios en la ley que regula el sector del ahorro, algo que se ha demostrado complejo y polémico en los últimos años por las reticencias de partidos políticos y gobierno autonómicos.
Recordemos que Uría Menéndez ya propuso en su proyecto de integración regional -que, maticemos, nada tiene que ver con el actual- la creación de una sociedad central constituida por las cajas como sociedad anónima y sujeta a la legislación mercantil ordinaria. Esta sociedad sería un establecimiento financiero de crédito sujeto a la supervisión del Banco de España.
Sindicatos
La pasada semana, la Mesa Laboral, en la que están los sindicatos representados en Caja Navarra, Caja Canarias y Caja de Burgos, dejó claro que no quiere que en este proceso se desvirtúe o desaparezca la naturaleza jurídica original de estas entidades y exigió por unanimidad que la sociedad central «sea una caja de cajas». Esta exigencia conlleva que el Grupo «incorpore a sus órganos de administración el control social e institucional que el modelo de cajas contiene en la actualidad».
Además, según las fuentes consultadas, la decisión en torno a la naturaleza jurídica del Grupo podría condicionar el voto en los consejos de administración, que las direcciones de las cajas desean que sea unánime, para entrar con buen pie a las asambleas generales (que se convocarán de inmeditato) y dar otro argumento a la Junta de Castilla y León, en el caso de Burgos, para aprobar la fusión virtual interregional que creará la novena caja de ahorros, con 45.000 millones en activos.