Unas 300 personas recorrieron ayer las calles del centro de Burgos para protestar contra la reforma de la Ley de Extranjería en una manifestación a la que finalmente se han adherido 31 organizaciones sociales de la capital.
Al grito de «aquí no sobra nadie», los manifestantes protestaron contra la reforma de una ley que «agrava en medidas de persecución, sanción y castigo contra las personas extranjeras en lugar de establecer una verdadera política estatal de integración social, contribuyendo a criminalizar a las personas de origen extranjero y a precarizar aún más la situación del colectivo», según rezaba el manifesto que leyeron en la Plaza Mayor.
Consideran los colectivos convocantes que las «sanciones contra la población extranjera son desproporcionadas, «contemplando privaciones de libertad y manteniendo el injusto sistema de sancionar con expulsión la mera estancia irregular o el mero hecho de trabajar sin permiso de trabajo». Protestan porque «mientras una falta para un nacional no supone más que una multa económica, pera un extranjero puede llegar a suponer su detención e internamiento por un periodo de hasta 60 días en un centro de internamiento para extranjeros.
Asimismo, la reforma «criminaliza la solidaridad al perseguir un valor tan esencial del ser humano como es la hospitalidad». Con la nueva ley, las personas que inviten y acojan a personas de origen extranjero que, por los motivos que sean, decidan continuar con su estancia en España más allá de la estancia lega permitida, podrán ser multadas con hasta 10.000 euros.
Condenan los convocantes la utilización de la crisis económica como justificación para aprobar una «ley populista» que no va a resolver los graves problemas económicos y de desempleo del país y que «solo conseguirá desviar la atención sobre las causas reales y los verdaderos responsables de la crisis, convirtiendo a las personas inmigrantes en el nuevo chivo expiatorio». Demandan por tanto la retirada dle actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería y emplazan al Gobierno a restituir los derechos humanos y la dignidad de los inmigrantes.