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Historia / En litigio

El Estado reclama judicialmente los fondos documentales de Yagüe

Álvaro Melcón / Burgos - domingo, 25 de enero de 2009
Un juez resolverá el futuro de los más de 20.000 legajos que están en manos de los hijos del general franquista

En abril y mayo de 2007 Diario de Burgos publicaba por primera vez tanto la existencia como el contenido de un archivo formado por más de 20.000 documentos que habían quedado condenados al olvido después de que, a la muerte del general franquista Juan Yagüe Blanco, fueran almacenados por sus herederos en la residencia familiar de San Leonardo de Yagüe tal y como salieron de la Capitanía General de Burgos en el año 1952.

Sólo su familia conocía hasta entonces la existencia de un fondo documental trascendental para la historia de España que narra, en no pocas ocasiones del puño y letra de sus protagonistas, parte de la historia del país desde la II República hasta mediados del siglo pasado. Fueron necesarios dos especiales consecutivos para desgranar lo fundamental del archivo y la consecuencia inmediata fue que los investigadores y, muy especialmente, el Estado español tomaron conciencia de la "mina" documental que custodia María Eugenia Yagüe Martínez del Campo, una de las hijas del general.

Los foros de historiadores comenzaron a disertar acerca de la revelación del archivo y de la necesidad de que los fondos fueran puestos a disposición de la historia, los españoles y el Estado, puesto que tienen un valor incalculable para aclarar capítulos muy oscuros de nuestra historia. Negros. Negrísimos.

El asunto fue carne de análisis hasta que, en un encuentro de historiadores celebrado recientemente en Salamanca, el subdirector general de Archivos del Ministerio de Cultura, Severiano Hernández, hizo saber a un grupo de investigadores escandalizados por el hecho de que semejante legado no formara parte de los fondos públicos del Estado que el Gobierno lo reclamaría por la vía judicial. Pues bien, eso ya ha sucedido.

La Abogacía del Estado se personó en los tribunales para solicitar una resolución acerca de la titularidad pública o privada de los fondos. La Brigada de Patrimonio intervino en el asunto y el juez que instruye la causa solicitó un peritaje del archivo, tarea que recayó sobre la Dirección del Archivo Provincial de Soria. Al tiempo, la citada Subdirección General de Archivos fue informada del inicio del procedimiento.

Ahora compete a la Justicia decidir, con los informes y el peritaje en la mano, qué parte del archivo pertenece al Estado y qué parte es privada y por tanto pertenece a los herederos del general.

El argumento

Lo que sí parecen tener claro en el Ministerio es que toda la documentación emanada del ejercicio de las funciones de Yagüe al servicio de la administración, bien fuera la republicana o la franquista, pertenecen al Estado. «Es el mismo principio por el que el rector de una universidad no puede llevarse los papeles de la universidad cuando cesa en el cargo. Uno no puede llevarse a su casa los papeles de la administración pública», explica Hernández, que no obstante se muestra prudente al tratarse de un asunto «que está sub iúdice».

La cuestión no va a ser sencilla porque entre los miles de documentos hay legajos que contienen los originales de pasajes de la historia tales como el dietario manuscrito de la represión de la revolución de Asturias del 34, los diarios de guerra del frente del Ebro durante la Guerra Civil, los partes intervenidos al bando republicano, cartas cruzadas con todos los dirigentes del franquismo, la documentación fotográfica que prueba que Yagüe era el más germanófilo de los generales franquistas y que mantuvo una estrecha relación con oficiales del nazismo de la talla de Hermann Göering, lugarteniente de Hitler... Pero también forman parte del archivo algunos fondos privados, así como condecoraciones, títulos y fotografías.

«Que no se fraccione»

«Lo importante es que el archivo no se fraccione», continúa Hernández, que explica que en el caso de que haya una parte que el juez considere que pertenece a los seis hijos de Yagüe y no al Estado pueden pasar dos cosas con esos legajos: «que haya acuerdo y el Estado se lo compre o que decidan quedárselo».

Además, la herencia documental de Yagüe no sólo se enfrenta a la reclamación del Estado, sino que también es objeto de una herencia en la que hay seis titulares, y no todos piensan igual. Al sacar el archivo a la luz, María Eugenia Yagüe, que es la hija del general que ha clasificado y ordenado los documentos, ya declaró que es «la única de los hermanos partidaria» de que los fondos sean entregados a los archivos nacionales. Quién sabe si, al final, es la Justicia la que se encarga del reparto. De momento se espera la sentencia.

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