Un total de 30 denuncias por violencia de género se presentó en la capital ribereña durante el año 2009. Un dato que dio a conocer la subdelegada del Gobierno en Burgos, Berta Tricio, durante la visita realizada a Aranda la semana pasada para tomar parte en una Junta de Seguridad Local. En realidad, fueron 26 las mujeres residentes en la villa las que denunciaron a otros tantos hombres aunque, en algunos casos, estos hechos originaron más de un requerimiento.
Por su parte, y tal y como establece la legislación vigente, en algunos casos se solicitó orden de protección, dictándose en total durante el pasado ejercicio 21 de estas medidas cautelares.
«Por fortuna, en 2009 hubo menos denuncias que en 2008 y en estos momentos no hay ninguna mujer en riesgo extremo, según la valoración que hacen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, lo que son buenas noticias», indicó Tricio, quien de todas maneras advirtió que no se bajará la guardia en un tema «de alta sensibilidad» como este.
Víctima española y joven
Respecto al perfil tanto de las víctimas como de los autores, sorprende como en un 92% de los casos, las víctimas no han cumplido aún los 45 años. De hecho, un 46% se sitúa en la franja de edad entre los 25 y los 34 años. Respecto a los presuntos maltratadores, un 84% también se encuentra en el intervalo entre los 18 y los 44 años. Algo que pone de manifiesto que el maltrato doméstico está presente de forma preocupante entre los sectores jóvenes de la población.
Otro de los mitos que desarma la estadística es el origen tanto de las víctimas como de los autores del delito. Una de cada dos mujeres maltratadas es española, quedando un 38% para Latinoamérica y solo un 12% para féminas originarias de otros países de la Unión Europea. Unos datos que apenas varían en relación con los autores, entre los que el 54% son nacionales y aparece, de manera residual, un 4% de originarios de países del Magreb.
Precisamente, el encuentro celebrado en el Ayuntamiento de Aranda se aprovechó para constituir formalmente la Mesa de Coordinación Policial para la Violencia de Género, en la que están presentes tanto los Servicios Sociales municipales, como Policía Local y Nacional y Guardia Civil con el objetivo de promover la concienciación para erradicar estos delitos.