La adaptación del planeamiento urbanístico de la capital ribereña debería haberse realizado en 2003.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Aranda no estará adaptado a la normativa autonómica antes del 19 de septiembre, plazo que tenía como tope de sujeción al régimen anterior, lo que obligará a readaptarlo a la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, y demorará aún más la ya de por sí retrasada aprobación definitiva de la adaptación del documento, que debería haberse realizado en 2003.
El contratiempo lo reconoció ayer el concejal de Urbanismo, Eusebio Martín, tras conocer a través del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) la Orden de la Consejería de Fomento por la que, como era previsible, se aprueba defintivamente de forma parcial la modificación del PGOU en lo relativo al Polígono Industrial Prado Marina y suspende la del resto del documento hasta que se aporten diversos informes y se susbasen o justifiquen una serie de consideraciones técnicas.
El edil confesó que, aunque se están subsanando todos los requirimientos rápidamente, materialmente va a ser imposible llegar antes de la fecha ya que hasta entonces el Consejo de Urbanismo mantendrá solo una reunión y será a mediados de este mes. «Estamos sopesando unir los dos procesos el de subsanar los problemas y completar la adaptación a la nueva legislación», explicó, un proceso que en su opinión podría culminar en seis meses.
En cualquier caso Martín valoró el dictamen muy positivamente «porque van dentro de lo que estaba previsto por el Ayuntamiento» ya que no cuestiona los dos nuevos sectores de suelo urbanizable y, frente a la opción recomendada de de la revisión, ha terminado por aceptar inicialmente la vía de la modificación.
En cuanto al resto de los requisitos, Martíne avanzó que ya se han pedido los informes sectoriales exigidos, incluido el de sostenibilidad; y respecto al documento de información, análisis y diagnóstico que demanda para dedicir si se puede mantener el criterio de la modificación aseguró que no es tan complicado y se planteará que lo realice el redactor.
Asimismo, respecto a la duda sobre si es necesaria una nueva exposición pública «dicen que justifiquemos que no son sustanciales las modificaciones, que eso no va a haber problema porque lo dice el informe del secretario, al igual que, por ejemplo, la densidad máxima de vivienda de los sectores».