El propietario de un local de Melgar de Fernamental, Gerardo González, denunció en la mañana de ayer ante la Guardia Civil de esa localidad lo que califica de presunta estafa en el cobro de una ayuda concedida por la Diputación dentro del plan de apoyo a pymes y autoempleo en el medio rural.
El denunciante alquiló su local a una joven para poner en marcha un bar restaurante, "Los siete infantes", pero ante el impago del alquiler y de las facturas, principalmente de luz, inició un proceso para proceder al desahucio, situación que se resolvió en febrero pasado. «Nos encontramos el local totalmente destrozado, sin maquinaria ni mobiliario, y uno de los cajones de una estantería una documentación que permitía observar que la arrendataria había solicitado una subvención a la Diputación para una inversión de 29.306 euros», indica González.
En otro documento, el propietario del local pudo comprobar que la solicitante cobró una subvención de 7.884 euros y que las facturas de distintos proveedores que aportó a la Diputación para justificar la inversión «son burdas falsificaciones y ningún proveedor conocía a la empresaria y que los pagarés que había emitido la misma entidad de ahorro no los habían cobrado», señaló el denunciante ante la Guardia Civil.
Ante la gravedad de los hechos González, que valora lo daños que ha sufrido en unos 12.000 euros, decidió poner en conocimiento de la Diputación la supuesta estafa y advertir al departamento correspondiente «de lo que presumía era una falta total de verificación real de la documentación aportada por la empresa para acceder a la ayuda», afirma González, quien recuerda que en un principio negaron que se hubiera concedido la ayuda e insiste en que lo único que persigue con esta denuncia es evitar que vuelvan a repetir casos similares y que el dinero público pueda llegar a personas que no cumplen los requisitos de las convocatorias de ayudas.
En su denuncia, González considera que los responsables de esta situación son «los técnicos y funcionarios que han hecho dejadez de sus funciones obligatorias de verificación y análisis» de las facturas aportadas. Curiosamente, la alcaldesa de Melgar y diputada provincial, Montserrat Aparicio, es la que preside la comisión que reparte estas ayudas, en la que están las entidades de ahorro de la provincia y organizaciones empresariales. Al tener conocimiento de esta denuncia, Aparicio indicó que desde el departamento correspondiente «ya se ha iniciado el expediente para solicitar a la empresaria el reintegro de la subvención, que es lo que procede».