Las procuradoras socialistas por Burgos Natalia López-Molina y Consuelo Villar alertaron ayer de un descenso significativo del número de alumnos de Formación Profesional en la provincia de Burgos. Así, de los 4.715 matriculados en el curso 2002-2003 se ha pasado a los 4.275 de 2008-2009, siendo la pérdida «especialmente llamativa» en el medio rural, «con casi un 20% menos de alumnado» al pasar de 1.200 a 1.000.
Para la formación, esta situación está vinculada a la «política de la Junta» de reducción de la oferta de FP en la provincia, que este curso ha supuesto la eliminación de un ciclo en Briviesca, otro en Miranda y la supresión del que existía en el Valle de Mena. Esta última decisión ha provocado que 50 alumnos de las Merindades tengan que desplazarse al País Vasco para cursar este tipo de estudios. «Aunque es cierto que hay un ciclo más en Aranda y otro en Medina, el balance sigue siendo negativo. Además, en determinadas zonas rurales no existe la posibilidad de acceder a esta formación dentro de su ámbito, como es el caso de los municipios de unos 2.000 habitantes», dijo Villar.
A todas estas circunstancias, el PSOE añadió la «repetición» de los mismos ciclos formativos en la provincia, tal es el caso de los de gestión y administración y finanzas, que además «tienen menor atractivo para el alumnado». Por todo ello, Villar propuso a la Junta una oferta en el medio rural adaptada al entorno para estimular la fijación de población. «Habría que hacer un estudio de necesidades y características de la zona para ver los recursos que puede ofrecer, naturales, explotaciones agrarias o atención a las personas mayores, y adaptar la oferta en ese sentido», agregó la procuradora, que también denunció que la disminución de ciclos no se ha visto compensada con un aumento de las becas para residencia o el transporte, ni la mejora de éste.
Sin dejar de lado el ámbito educativo, que ocupará buena parte del Pleno de las Cortes de hoy, López-Molina acusó a la Junta de «falta de planificación» a la hora de decidir la construcción de nuevos colegios. En este punto, la procuradora exigió un mapa de centros adecuado a las demandas y las necesidades existentes y «no en base a la improvisación».
Públicos y concertados
Las críticas de los socialistas también llegaron a la política educativa de centros públicos y concertados, al considerar que existe un «desequilibrio» entre ambas enseñanzas. Para López-Molina las mayores diferencias se dan en el porcentaje de alumnado inmigrante y con necesidades especiales, con presencia superior al 70% en ambos casos en la pública. «La Junta debe garantizar la igualdad y la pluralidad en todos los centros educativos», agregó.
Las deficiencias educativas denunciadas por el PSOE se extendieron a los apoyos que reciben las familias. En el caso de los ordenadores para alumnos de Primaria, prometidos por el Gobierno de Zapatero, López- Molina aseguró que la Junta solo proveerá de este material a las familias que disponen de internet en casa, «excluyendo a las que tienen menos recursos económicos o a las que viven en núcleos rurales donde no hay acceso». Y a esto añadió que en ningún caso serán gratuitos sino que se deberá abonar unos 25 euros. Un co-pago que la procuradora extendió al servicio de centros abiertos en épocas vacacionales. Críticas que unió a la disminución este año de la oferta de cursos de inmersión lingüística e informática que afectará a cien estudiantes.