El terremoto de Chile ha acabado con la vida de cientos de personas y ha dejado sin hogar a medio millón de familias, pero también ha fracturado la imagen que el mundo tenía de este país.

Hasta hace unos días, el Estado sudamericano se preparaba para celebrar con orgullo y optimismo sus 200 años como nación independiente. Hacía apenas un mes que había ingresado en la OCDE, el llamado club de los países ricos, y los expertos pronosticaban que sería el primero de América Latina en dejar atrás la recesión económica. Además, el funcionamiento de las instituciones durante la reciente elección presidencial cosechó los elogios de los observadores y la prensa internacional.

Pero la tragedia del pasado 27 de febrero dejó al descubierto una profunda brecha social que, dos décadas después del régimen militar, los Gobiernos de centro-izquierda de la Concertación no han conseguido cerrar. «Chile ya estaba dividido antes del terremoto. Hay heridas abiertas desde la época de la dictadura y otras más cercanas, como la marginación hacia los grupos minoritarios», manifestó Sergio Laurenti, director ejecutivo de Amnistía Internacional.

Tras el temblor, la ciudad de Concepción fue presa del pillaje, mientras que en Santiago cundía el temor al desabastecimiento y en algunas zonas rurales los pobladores se organizaban para defenderse de los saqueadores.

«Además de los daños lamentables, el movimientos sísmico dejó al descubierto la gran fractura social que existe, un nivel de desigualdad profunda que tiene que ver con un modelo de desarrollo excluyente», subrayó el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, José Jara.

Según el último informe sobre Igualdad de Ingreso y Desarrollo Humano de la ONU, Chile ocupa el puesto 110 de un total de 124 Estados. Y aunque en los 20 años transcurridos desde el retorno de la democracia, el 26 por ciento de la población ha logrado salir de la miseria, 14 de cada 100 ciudadanos viven todavía por debajo del umbral de la pobreza.

«De nuevo, los sectores menos afortunados fueron los más damnificados», señaló Jara, quien reconoció que «Chile nunca había vivido antes una explosión social como la que ocurrió después de la catástrofe».

«Las escenas de saqueo revelan que este comportamiento escandaloso está basado en una división profunda de la sociedad, la que genera la pobreza, que es una forma básica de violación de los derechos humanos», declaró por el portavoz en Chile de Amnistía Internacional. Según Laurenti, lo ocurrido en las últimas semanas «es una oportunidad fantástica para la transformación del pueblo chileno, que va más allá de la reconstrucción física. Pero éste no es un trabajo solo para los políticos», recalcó.

Orfandad política. Esa desconfianza hacia la capacidad de las autoridades es compartida por el analista político Santiago Escobar, quien plantea de forma tajante: «o cambiamos de élite política o nos mudamos de país».

«El terremoto ha dejado en evidencia la «orfandad política» del territorio», apuntó Escobar. «La incapacidad de garantizar la seguridad a los ciudadanos es responsabilidad de los Gobiernos de la Concertación», afirmó.

Para muchos observadores, la competencia de las autoridades tras el terremoto quedó en tela de juicio por no haber alertado a tiempo del peligro del tsunami que arrasó las localidades costeras, el fallo generalizado en las comunicaciones y las dudas para recurrir a los militares para frenar los actos de vandalismo.

«La indecisión del Gobierno no solo dejó espacio para que la violencia floreciera. También dio ocasión para que generales y almirante abandonaran sus deberes y se comportaran de una manera inaceptable», escribió en El Mercurio Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales.

«Inevitablemente, la memoria histórica del seísmo del bicentenario quedará asociada tanto a la destrucción provocada por la catástrofe, como a las imágenes de los saqueos del día siguiente», escribió por su parte el sociólogo Patricio Navia en La Tercera.

«Los daños de un temblor a veces resultan inevitables -relató Navia-, pero los efectos posteriores sí se pueden controlar con más efectividad. La rápida respuesta del Ejecutivo permite calmar ánimos y tranquilizar espíritus».