Tres semanas después de que el Consejo de Ministros aprobara el denominado Plan Garoña, la Junta de Castilla y León ha presentado sus alegaciones a un texto que el propio consejero de la Presidencia describió entonces como un «batiburrillo de proyectos antiguos y ocurrencias». Ayer, sin embargo, fue el vicepresidente segundo, Tomás Villanueva, quien dio luz verde al paquete de alegaciones que ya han sido remitidas al Ministerio de Política Territorial.
El documento, al que ha tenido acceso DB y que consta de ocho folios, recalca que el cierre de Garoña no responde a consideraciones técnicas, sino ideológicas. Se trata, reza el escrito, «de un problema creado por el Gobierno central y, en consecuencia, debe ser resuelto por ellos». No obstante, añade que el perjuicio económico que supone este cierre debe compensarse mediante la localización de proyectos «tangibles y singulares» que generen de forma anual el valor añadido que obtenía la central. Se pide también que el ámbito territorial del Plan Garoña se ciña al territorio de Castilla y León, excluyéndose a otras comunidades autónomas.
Economía y empleo
Según una estimación realizada por analistas financieros internacionales a raíz de unas entrevistas mantenidas con Nuclenor, el cierre de la planta ocasionará para Castilla y León, y en términos de Valor Añadido Bruto (VAB) unas pérdidas económicas anuales de 224 millones de euros. En cuanto al empleo, se estima que se perderán 1.405 puestos de trabajo (343 directos y 1.062 indirectos).
Beneficios fiscales
Desde la Junta se solicita la articulación de beneficios fiscales en el norte de la provincia burgalesa con el fin de evitar que las medidas de promoción económica «queden estériles ante la mayor competitividad de entornos colindantes con beneficio fiscal como el del País Vasco».
Asimismo, y entre otras medidas, se pide al Gobierno que las ayudas económicas que se otorguen complementen cualquier proyecto industrial estratégico hasta el máximo que permita el mapa europeo de ayudas.
Carreteras
La conversión en autovía de la carretera N-I es una cuestión que, a juicio del Gobierno regional, hay que tratar con cautela. «Construir por construir no es la solución; el nivel de servicio de la autopista no obliga a la construcción de otra vía de gran capacidad paralela,y la construcción de esta nueva autovía supondría un perjuicio para la actual concesionaria al sustraerle la mayoría del tráfico, lo cual obligaría al Estado a indemnizarla», estiman. Es por ello que consideran más oportuno el rescate de la concesión o la subvención del peaje entre Burgos y Miranda. Asimismo, recuerdan que la realización de la variante de Miranda no es de nueva ejecución. La iniciativa, que alivia el tráfico en la travesía de la ciudad, funciona desde finales de 2006 al utilizar el tramo de la AP-1 entre Armiñón y Ameyugo. Todo ello en un intento, señalan, de «aprovechar de manera óptima las infraestructuras existentes en lugar de construir por construir».
En cuanto a la mejora de otras carreteras cercanas a la zona de la central, el Plan Garoña proponía la actuación en las carreteras CL- 629 Merindad de Montija- Villasana de Mena hasta Bilbao y en la BU-550 de Trespaderne a Arceniega. Desde la Junta se insiste en que se trata de vías autonómicas en las que ya se está actuando y en las que ya se ha aprobado la inversión de importantes sumas económicas para su refuerzo. La Junta reitera su apuesta por la Burgos- Soria A-23 como alternativa a la autopista Dos Mares para unir el Cantábrico con el Mediterráneo en el territorio de Castilla y León. Por otra parte, y con el fin de potenciar el enclave logístico Cylog que se desarrolla en Miranda, se precisa el apoyo del Estado para adelantar inversiones que favorezcan la instalación de nuevas infraestructuras de intercambio modal y accesibilidad ferroviaria.
Política de empleo
Se rechaza la propuesta del Estado relacionada con la intervención multimodal de medidas de políticas activas de empleo en la zona de Garoña y donde, para un coste estimado de 6 millones de euros, el Ministerio de Trabajo y la Junta aportaban tres millones cada uno. En este sentido, se propone que el montante global se incluya en el Plan Especial de Empleo que el Ministerio de Trabajo ha concedido a otras comunidades autónomas.
Turismo
La Junta considera que la actual oferta turística (tanto empresas vinculadas al sector como albergues) es suficientemente escasa como para poner en marcha el Plan específico de Dinamización Turística que propone el Gobierno. Es por ello que proponen que los recursos económicos se destinen a la creación de ese tejido empresarial que favorezca la creación de puestos de trabajo. Se echan también en falta actuaciones en el conjunto histórico de Medina de Pomar, al igual que en el de Frías y en otros Bienes de Interés Cultural (BIC) importantes en la zona.