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martes, 22 de mayo de 2012
Miranda
Municipal / Pagos derivados de otras administraciones

Seis colegios recuerdana Campo que «por ley» debe asumir sus gastos

R.L. / Miranda - miércoles, 18 de noviembre de 2009

Solicitan a las administraciones que lleguen a un acuerdo para evitar que sus peticiones se respondan con excusas y aplazamientos

Seis colegios de Educación Primaria de la ciudad no parecen estar del todo conformes con las declaraciones que el pasado día 5 realizó el alcalde acerca del gasto anual que supone para el Ayuntamiento mantener los centros educativos públicos. Fernando Campo cifraba este desembolso en 734.000 euros anuales; es decir, el 30% del gasto corriente. Ante estas cifras, los directores de Anduva, Los Ángeles, Cervantes, La Charca, Las Matillas y Príncipe de España se cuestionan a través de un escrito común si el Consistorio recibe una cantidad anual por parte del Estado y la Junta para sufragar estos gastos.

«Puede que estemos gastando mucho o que estemos gastando poco», exponen, y creen que aunque Campo afirme que se trata de una «competencia impropia» porque es el Gobierno regional quien debe asumir los gastos, competencias y funciones en materia de Educación, ahora mismo la realidad es bien diferente. «Nos parece muy bien como deseo y podemos estar de acuerdo, pero las cosas son propias o impropias, adecuadas o inadecuadas en función de las reglas del juego, de la legalidad. Mientras no se cambie la legislación, la realidad es otra», dicen.

En este sentido, recuerdan que tanto en el artículo 6 del Real Decreto 2274/1993 de cooperación con la corporaciones locales como en la actual Ley Orgánica de Educación puede leerse que «la conservación, el mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a Centros de Educación Infantil y Primaria o Especial... corresponderá al municipio respectivo».

Asimismo, también desean rectificar las palabras del alcalde cuando acusó a algunos directores de «tener la mala costumbre» de enviar todas sus cartas al Ayuntamiento «porque no quieren enfrentarse a quien les manda, que es la Junta».

Ante esto, reiteran que cuando se dan carencias o deficiencias en los centros las propuestas las envían también a la Junta y que asisten, «imponentes» a las excusas y aplazamientos, por lo que los problemas no se solucionan. Por ello, exigen a las administraciones que se pongan de acuerdo y modifiquen la normativa si es necesario para que los centros estén en óptimas condiciones.

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