El actual gerente de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León en Burgos, Alberto Galerón, desgranó ayer los conocimientos y experiencia acumulados durante 34 años de trabajo en el curso de verano de la Universidad de Burgos que se celebra esta semana en Villarcayo y que se centra en las personas mayores. En su ponencia ante los 28 alumnos de curso y varios oyentes desveló sus serias dudas sobre el cumplimiento de los objetivos que la Ley de Dependencia se ha marcado para 2007, dado que el Gobierno aún no ha aprobado «el decreto ley más importante, el que determinará el copago», es decir, las cantidades económicas que por cada servicio abonarán sus usuarios y la Administración. A su juicio, «el Gobierno no se atreve a aprobarlo ante la inminencia de las elecciones».
Los planes de Madrid pasaban portender en 2007 a los grandes dependientes, pero «estamos en julio y aún seguimos recibiendo solicitudes», indicó Galerón, quien señaló que a día de ayer en Burgos se habían contabilizado 950 solicitudes de ayuda para personas con gran dependencia. Según sus estimaciones, el total de grandes dependientes en la provincia alcanzará unos 1.500, por lo que aún restan muchas peticiones por llegar.
Alberto Galerón explicó que el proceso que lleva determinar las ayudas que percibirán estas personas es muy largo y que muchos de los informes emitidos por los trabajadores sociales de los Ceas y los profesionales de la Sanidad están siendo devueltos para que se corrijan algunos errores. Galerón afirmó, además, que «trabajadores sociales y médicos están sufriendo fuertes presiones por parte de los familiares de los mayores dependientes a la hora de rellenar sus informes».
En su opinión, «hubiera habido otra seguridad, si las valoraciones de estas personas hubieran sido realizadas por tribunales médicos», tal y como habían determinado los estudios previos del Gobierno del PP antes de la llegada del nuevo gobierno. Galerón también criticó que la Ley de Dependencia, aprobada en 2006, «causará mayores desequilibrios territoriales». A su juicio, si los recursos económicos de esta nueva ley hubieran salido de las cotizaciones a la Seguridad Social, como el PP tenía previsto, y no, como sucede en la actualidad, de los Presupuestos Generales del Estado, la ley tendría más equilibrio económico. De los 400 millones de euros que el Estado dedicará a la Ley de Dependencia en 2007, un total de 33 se destinarán a Castilla y León, pero «el Gobierno autonómico destina 330 millones de euros a los mayores». «Realmente lo que viene es poco», concluyó.