Siete representantes de la Plataforma Por unas Merindades Limpias y la Asociación de Amigos de Moneo se entrevistaron ayer durante dos horas con la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz Ruiz, y le presentaron las 7.400 firmas conseguidas hasta ahora en contra del proyecto de la planta de reciclado de neumáticos y aceites usados prevista en Moneo. Al final del encuentro, la consejera no realizó declaraciones a los medios, como es habitual tras sus reuniones con asociaciones o autoridades, pero los dos colectivos sí hicieron su balance y destacaron que Ruiz Ruiz les reiteró que «el responsable final de la decisión de que la planta de Reciclados Ecológicos Burgaleses se instale en Moneo es de forma directa del alcalde de Medina y su equipo de concejales».
De las explicaciones recibidas, los representantes de ambos grupos concluyeron que «el Ayuntamiento tiene la potestad de conceder o no las licencias ambiental» y que, según la consejera de Medio Ambiente, «ahí la Junta de Castilla y León no tiene nada que decir». Ruiz Ruiz, quien escuchó las inquietudes y preocupaciones de los detractores del proyecto de Moneo, también les explicó que «el alcalde tiene en su mano tomar la decisión de paralizar la concesión de la licencia de obra hasta que no se resuelvan los contenciosos administrativos interpuestos en los tribunales».
Mientras tanto, el proceso de implantación de la empresa Reciclados Ecológicos Burgaleses (REB) en Moneo sigue avanzando, dado que la firma ya ha solicitado licencia de obra ante el Ayuntamiento para afrontar una inversión que alcanzará los 20 millones de euros. Así pues, el equipo de gobierno está cerca de tomar la decisión final y que si no varía la postura reiterada por el alcalde, será la de conceder esta licencia, «siempre que esté garantizado un respeto al medio ambiente».
EVALUACIÓN AMBIENTAL. Hasta ahora, el proyecto ha obtenido la autorización ambiental de la Junta de Castilla y León, cuando Merindades Limpias y Amigos de Moneo siempre han reclamado una evaluación de impacto ambiental. Según ambos colectivos la consejera afirmó ayer que, «en vista de la documentación presentada, la Junta de Castilla y León se ha visto obligada a realizar una evaluación ambiental integrada de la planta». Ahora los grupos contrarios al proyecto estudiarán las características de este proceso para conocer en qué consiste. No obstante, Ruiz Ruiz les garantizó que los técnicos de Medio Ambiente estudiarán el dossier de 300 páginas depositado en Valladolid y «darán respuesta a nuestras demandas e inquietudes, porque seguimos creyendo que la planta incumplirá varias normativas».