Se acerca el aniversario de la puesta en marcha de la Nueva Oficina Judicial -día 10 de noviembre- y la Junta de Personal de la Administración de Justicia en Burgos ya ha decidido convocar una concentración ese día para protestar por su mal funcionamiento.

Ha pasado casi un año y «no es la locura de noviembre de 2010, pero continúa con los mismos problemas de falta de coordinación de entonces», señala Alberto Arroyo, representante de los trabajadores por el sindicato STAJ. Hasta el punto, recuerda, que los secretarios judiciales -los máximos defensores de la reforma- «piden ahora más recursos humanos y más medios materiales para sostener» el nuevo modelo.

Las mejoras que la Nueva Oficina Judicial ha experimentado en su funcionamiento en estos meses han sido gracias, «sobre todo, al aumento de plantilla derivado de la contratación de personal interino de refuerzo», señala Arroyo. En estos momentos hay 28 trabajadores más que cuando se puso en marcha este modelo organizativo, «y sin ellos no sería sostenible». Los funcionarios advierten de que la actividad de la oficina -más lenta que hace un año- decaería de nuevo a muy bajos niveles si el Ministerio prescinde de esos empleados de refuerzo.

Su contrato, recuerda Arroyo, concluye el 30 de noviembre y «por el bien de la justicia en Burgos más vale que el Ministerio los renueve». Habrá de ser este Gobierno el que tome la decisión, ya que el próximo -sea del PP, como marcan las encuestas, o del PSOE- no tomará las riendas hasta Navidades.

De esos 28 trabajadores de refuerzo, 14 están en el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (Scop) Civil. «Si no continúan, la plantilla se queda en la mitad y el caos sería total», sostiene el representante de la plantilla.

Sobre la petición de los secretarios de más medios y más recursos, Arroyo indica que su «postura era ya indefendible, porque no saben cómo justificar el mal funcionamiento de la oficina». Carmen Velázquez, decana del Colegio de Procuradores de Burgos, está de acuerdo y declara que «ahora se dan cuenta de que el modelo echó a andar sin estar preparado».

En su opinión debería haber entrado en funcionamiento con el expediente digital completado y con un reparto eficiente de las plantillas. A su juicio, el SCOP civil nació muy corto de personal, mientras que en las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) a los jueces sobran trabajadores. En todas menos en la jurisdicción Penal, donde las UPAD de los juzgados de Instrucción van muy escasas de funcionarios.