Federico Trillo avanzó que el objetivo del PP si gana las elecciones será «repensar» la Nueva Oficina Judicial (NOJ), no tanto el modelo, que se pactó con el PSOE para plasmarlo en una ley orgánica; cuanto su implantación. Por contra, negó que tenga intención de plantear la devolución de las competencias asumidas por varias comunidades -no por Castilla y León- en esta materia. «Creemos que no toca», afirmó poco antes de que Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid, insistiera en la postura contraria.
En cualquier caso, el portavoz de Justicia y Libertades del Partido Popular considera que en la próxima legislatura «habrá que dialogar» con las comunidades, cuyo malestar comprende, «porque solo asumen gastos» pero carecen de poder de decisión en aspectos trascendentales cómo la demarcación y la planta judicial (cuántos juzgados y dónde).
Federico Trillo se desplazó ayer a Burgos para conocer in situ el funcionamiento del nuevo modelo organizativo de los tribunales, «que no está siendo un éxito», apuntó. Aunque no clarificó cómo actuarán si acceden al poder, Trillo dio una pista al citar que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que agrupa a jueces de ideología conservadora, ha pedido suspender la aplicación de la NOJ hasta solucionar los problemas detectados hasta ahora, a punto de cumplir un año desde su estreno.
«El gran reto es la modernización de los juzgados y tribunales. Pase ello o no por la Oficina Judicial», remarcó para recordar que la reforma de este poder ha sido incluida por el Partido Popular entre los 5 grandes ejes del programa gestado en la convención nacional que acaba de celebrar en Málaga. «Se tratará de hacer normal lo que en cualquier otro país es normal y que en España en excepcional», en referencia por ejemplo a hacer cumplir las sentencias. También criticó el «atasco monumental» de los juzgados, con la tasa más alta de litigiosidad y de retraso de Europa, aunque disculpó a jueces y magistrados. «Los ciudadanos descargan siempre contra ellos y no es justo», opinó.
También avanzó que el PP propondrá una reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que 12 de sus 20 miembros sean elegidos por sus compañeros y no por los partidos políticos.