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lunes, 24 de noviembre de 2014
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La fiesta ecuatoriana ilegal que acabó en una batalla campal queda impune

Á. M. / Burgos - viernes, 04 de marzo de 2011

Se celebró en una nave de Villalonquéjar en noviembre de 2009 sin contar con ningún permiso. Las dos policías tuvieron que mediar en una pelea que se saldó con 20 heridos

No pasó nada serio, pero el suceso tuvo tal repercusión que hasta el rotativo ecuatoriano Hoy se hizo eco de la noticia bajo el titular Fiesta religiosa acaba en batalla campal. Lo recordarán. Sucedió la madrugada del 22 de noviembre de 2009 en una nave industrial del polígono de Villalonquéjar cuando aproximadamente 500 personas, todas de nacionalidad ecuatorianas, celebraban una fiesta en honor a su patrona, la Virgen del Quinche.

Hacia las 05.00 de la madrugada el 112 recibió un aviso diciendo que allí se estaba produciendo una pelea multitudinaria, lo que provocó que hasta el lugar se trasladaran numerosas dotaciones policiales y servicios de emergencia. El balance no fue tan desastroso: cinco personas recibieron atención por contusiones y otras 15 se llevaron algunos golpes menores y arañazos, pero pudo serlo porque allí volaron sillas, botellas y puñetazos que, quizás a cuenta del alcohol, no alcanzaron los objetivos pretendidos.

La Policía Local elaboró un informe que fue remitido a Servicios, y más en concreto a Licencias Ambientales. Allí se elaboró otro informe en el que se certificaba que la fiesta no solo se celebró en una nave que incumplía prácticamente todo lo "incumplible" para celebrar un espectáculo público (hubo banquete, concierto, barras y taquilla), sino que además no se habían solicitado las pertinentes licencias, muy similares a las que se exige a la hostelería para celebrar un cotillón y, por tanto, muy exigentes con las condiciones de seguridad y salubridad.

A ese informe se añadió una propuesta de sanción «grave o muy grave» conforme a lo dictaminado en la Ley de Espectáculos Públicos y se remitió a la Junta de Castilla y León, que es la administración competente para sancionar por ultrajar esta norma. Esas infracciones están penadas con una multa que va desde los 2.000 hasta los 50.000 euros en el caso de ser considerada grave, y desde los 50.000 hasta los 300.000 si es muy grave.

La Junta contestó, en enero de 2010, que «no concurren los presupuestos para sancionar» dado que no ha quedado acreditado quién o quiénes fueron los responsables de la fiesta. El dueño de la nave firmó un contrato de alquiler para que su propiedad fuera utilizada como almacén, y por tanto nada le vincula a la fiesta.

Y, aunque se suponía que eran «los prebostes» de la comunidad ecuatoriana los responsables, lo cierto es que un nuevo informe municipal ratificó que para sancionar es necesario actuar contra un responsable, y no hubo responsable acreditado en todo esto. Al final, y gracias a que la comunidad actuó dando cobertura a los organizadores y resultó «imposible» dar con algún responsable, el expediente ha quedado durmiendo el sueño de los justos en dependencias públicas y no ha habido, «ni va a haber», según fuentes conocedoras del caso, consecuencia alguna por aquel altercado.

Y mientras...

Al no tratarse de una actividad continuada en el tiempo, se redujeron las posibilidades de localizar a un responsable que, con nombre y apellidos, respondiera de lo sucedido. Quien alquiló la nave lo hizo para usarla como almacén del material prestado por el Ayuntamiento para una misa, y esa es su cobertura pues no se puede demostrar que también organizara la fiesta.

En contraposición, y como comparativa, basta señalar que el año pasado, y según datos de Policía Local, 18 hosteleros de Burgos fueron denunciados por tener la puerta abierta de su local.

Una historia rocambolesca

El previo. La comunidad ecuatoriana alquila una nave para ser usada como almacén y solicita al Ayuntamiento un escenario, 500 sillas y retretes portátiles para celebrar una gran misa y romería en la plaza de Roma con motivo de las celebraciones de la Virgen del Quinche.

La bronca. Todavía hoy nadie ha explicado cómo, pero el material municipal acabó siendo usado para montar una fiesta en la nave con concierto, banquete y barras. Había hombres, mujeres y niños en la fiesta, según confirmó la Policía. La pelea destapa que allí se programan fiestas ilegales (ver cartel) y que hay intención de "repetir la jugada" el fin de semana siguiente al de la "batalla".

El decreto. El alcalde, Juan Carlos Aparicio, emite un decreto en el que prohibe la próxima fiesta programada, para la que se venden entradas en un bar de la ciudad. El Ayuntamiento confirma que no se ha solicitado licencia para su celebración y que, además, la nave no cumple ni de perfil los requisitos para ser escenario de ningún espectáculo.

El futuro. El decreto del alcalde está aún vigente para lo tocante a esa nave, pero si se volvieran a repetir los mismos hechos en otro lugar la única forma de evitarlo sería prohibir expresamente esa programación e instalar vigilancia policial. El problema es que para eso el Ayuntamiento tiene que tener conocimiento de lo que se pretende hacer.

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