José ya no es un niño. Va a cumplir 42. Pero no puede comprarse la ropa que quiere ni viajar a donde le dé la gana ni gastarse los ahorros de la semana invitando a una comilona a todos sus amigos. Sufre una enfermedad mental y para todas estas cosas, además de otras mucho más serias, necesita la tutela de la Fundación de Personas con Enfermedad Mental (Feclem).

Hace unos años él fue declarado incapaz judicialmente. Entonces perdió algunas libertades aunque a cambio ganó seguridad y en la actualidad puede contar con satisfacción los avances experimentados. «Al principio me enfadaba, no me controlaba y pedía que me dieran más dinero, pero ahora estoy mejor pese a que a veces nos seguimos peleando», relata con una sonrisa mientras pide permiso con la mirada a Vanesa, su educadora social, y en cierta medida su ángel de la guarda.

José es una de las decenas de personas que cada año son declaradas incapaces en Burgos. Solo en el juzgado número 7 de la capital, el que se ocupa de los asuntos de Familia desde su creación en diciembre de 2007, se han registrado hasta enero 594 demandas por parte de familiares o de la propia Fiscalía. A esta cifra habría que sumar las que gestionan los juzgados del resto de la provincia. Según datos de la Fiscalía, en 2010 se dictaron en el conjunto de los juzgados de Burgos casi 250 sentencias de incapacidad.

La tendencia es creciente, derivada del envejecimiento paulatino de la población que provoca la pérdida de las facultades más básicas y del derribo de determinadas barreras prejuiciosas que mantenían a la incapacidad tras una cortina de oscurantismo. Los temas de tutela judicial han merecido la creación de una comisión impulsada por la Gerencia de Atención Primaria de la Junta de Castilla y León que coordina a los distintos agentes implicados y gracias a la cual se han conseguido recortar plazos y mejorar la agilidad del proceso.

El propio juzgado número 7 calcula que la media de resolución de las demandas puede situarse entre los 8 meses y 1 año, aunque existen casos evidentes que se solucionan con rapidez en menos de medio año y otros complejos que se alargan, sobre todo si existen problemas familiares aledaños o parientes que viven lejos.

La incapacidad legal supone «la imposibilidad de gobernar la persona y administrar los bienes a causa de enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas de carácter persistente», pero no es algo irreversible y (aunque es extraordinario) existe también un procedimiento de reintegración de la dicha capacidad.

Los casos más habituales son los de mayores que, afectados por demencia senil, alzheimer o párkinson son incapaces de gobernarse a sí mismos y a sus propiedades. No saben ni pueden vender un piso para costearse una residencia, ni siquiera son conscientes de que no deben seguir sin ayuda. Pero también hay gente joven con enfermedades mentales o discapacidad psíquica que necesitan que alguien les proteja.

En todos ellos, según recoge el Código Civil, se trata de la «guarda y protección de la persona y bienes». Así que un proceso de este calado, que nunca puede tomarse a la ligera por sus importantes consecuencias, debe ser siempre en beneficio del incapacitado.

En muchos de los casos son los propios familiares los que dan el paso de presentar una demanda. En otros casos es, incluso, el presunto incapaz. Y por último es la propia Fiscalía la parte activa cuando tiene conocimiento de algún potencial incapaz y nadie actúa como demandante.

Comienza entonces la confección de un «traje a medida» de cada persona, como lo define Luis Ignacio García Vidal, Director-Gerente de Feclem. Para empezar, hay que acompañar la demanda de los correspondientes informes que elaboran trabajadores sociales de los Centros de Acción Social (CEAS) a los que pertenece esa persona.

La jefa de la Sección Técnica de la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Burgos, Adela Ortiz, explica que «tratamos de hacer lo que podemos, acercarnos a la persona, mantenerla dentro de lo razonable en sus condiciones originales, antes de promover una demanda de incapacitación». Pero cuando se comprueba que no queda más remedio se detalla, por escrito, su trayectoria familiar, su situación sanitaria y sus condiciones sociales. En ocasiones, son los propios vecinos los que alertan a la Policía Local de gente mayor que vive sola en condiciones límite y se aportan también los partes de intervención de los agentes.

Con todo ello, será un médico forense el que aporte la clave definitiva. Su informe determinará la decisión final del juez, que previamente también examinará al presunto incapaz. Si así se estima finalmente, una sentencia declarará la incapacitación y determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o curatela (esta última se refiere básicamente al aspecto económico) que a partir de ese momento recaerá sobre la persona.

Pero la resolución no es el final del proceso, sino el principio de otro que se ocupa del seguimiento y que obliga al tutor a realizar un inventario inicial, una rendición de cuentas anual ante jueces y fiscales , la petición de permisos para determinados actos y una rendición general de cuentas en caso de fallecimiento.

Preferentemente serán los familiares los que sean nombrados tutores. No es algo complejo cuando todo va bien, pero puede enrevesarse de forma notable si estos no existen, si hay problemas de relación y, tristemente, más aún en los casos en los que hay dinero de por medio.

Es ahí donde entran en juego fundaciones como la mencionada Feclem o Fundamay, la que se ocupa del cuidado de personas mayores. Sergio, trabajador social, explica que en estos momentos su entidad se ocupa de 52 hombres y mujeres de la provincia de Burgos y relata que «en ocasiones tenemos que ejercer de árbitros entre hijos o hermanos, aunque solo somos subsidiarios de las familias». También él contempla la incapacidad como algo positivo para la persona cuando realmente es necesaria: «No significa que no seas válido, que seas un inútil. Es una ayuda para mejorar las condiciones de vida».

Uno de los patronos de Feclem, el psiquiatra Óscar Nebreda, destaca la necesidad de «quitar la estigmatización» que todavía acompaña a estos procesos. «Garantiza los derechos de la persona», insiste. Y tanto Feclem (que se ocupa de 44 tutelas en Burgos) como Fundamay dejan muy claro que su intención queda lejos de obtener publicidad, pues carecen de ánimo de lucro y cuentan con recursos limitados.

La declaración de incapacidad debe ser siempre el último paso cuando la normalización resulta imposible, pero todos los agentes implicados coinciden en que, bien utilizado, es un instrumento que previene la marginación, la exclusión social y dignifica a quienes quedan amparados bajo el sistema judicial, que en definitiva somos todos.