El tiempo avanza de forma inexorable y ya hace un año que el Gobierno dio a conocer la orden de cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña, con la fecha 5 de julio de 2013 como la del cese de su actividad, a pesar de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) apoyaba con su informe favorable la continuidad de la planta hasta el año 2019, y del Plan Garoña lo único que se ha ejecutado, de los 950 millones previstos hasta el 2013, son las ayudas por importe de 25 millones de euros contempladas pare este ejercicio en el Plan Reindus.

A lo largo de este año la central ha continuado con su actividad, ha realizado la parada de recarga de combustible, y los recursos judiciales contra la orden de cierre siguen su curso en los tribunales. Mientras, en los municipios de la zona siguen sin hacerse a la idea de que Garoña tiene "fecha de caducidad" y que en tres años se secará su principal fuente de ingresos y actividad productiva.

En el ambiente reina la sensación de que la orden de cierre no es irreversible, máxime cuando esta semana el Gobierno y el PP se han sentado a negociar un pacto sobre la energía, y la opinión generalizada es que este Gobierno o el que pueda llegar de las elecciones generales de 2012 cambiará de criterio sobre la continuidad de la central nuclear de Garoña y la orden ministerial será revocada, eso sí, mientras el CSN considere que es segura. Aunque, en el caso de que la vía política fracase, aún quedará abierta la judicial.

Desde que hace unos días el ministro de Industria, Miguel Sebastián, afirmara que no hay «líneas rojas» a la hora de negociar el plan energético nacional mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que se revoque la orden de cierre y las peticiones al Gobierno para que reconsidere su postura sobre Garoña se han sucedido un día sí y otro también, máxime desde que ha prorrogado el funcionamiento de las centrales de Almaraz y Vandellós.

Una de esas voces ha sido la del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien en el Debate del Estado de la Región señaló que la situación económica actual «hace todavía más necesario seguir contando con una fuente de energía cuyo coste es notablemente inferior al de otras». Además, Herrera se mostró convencido, al igual que muchos alcaldes de la zona de la central, que la situación económica «complica» los planes de industrialización prometidos por el Gobierno central para revitalizar la comarca.

A medida que avanzan los meses y la fecha de cierre de la central crecen las dudas sobre el desarrollo del Plan Garoña, instrumento con el que el Gobierno central pretende "compensar" ese cierre y crear, con inversiones que rondan los 950 millones de euros, mil empleos en la zona. De momento, de esa cifra millonaria solo se han repartido 25 millones del Plan Reindus, una línea de ayudas para la reindustrialización a las que se han acogido 40 empresas de Miranda, Valle de Tobalina, Las Merindades y La Bureba aunque quedan otras tres convocatorias por el mismo importante para que puede sumarse nuevas industrias.

Del resto del Plan Garoña poco se sabe o conoce, ya que desde el Ministerio de Política Territorial no se ha convocado al Consejo para la Dinamización Económica y del Empleo en la zona de influencia de la central, a pesar de que en el calendario figuraba que debía reunirse el pasado mes de mayo. Fuentes del Ministerio señalaron que no hay fecha para esa reunión y afirmaron que siete meses es poco tiempo para hacer balance de un plan que «sigue avanzando», apuntando como avances el estudio de la N-I, el polígono de El Bullón o la depuración de aguas en Lantarón (Álava).

A pesar de esa valoración «positiva» del Ministerio, lo cierto es que hay muchas cuestiones en las que no se conocen avances, como el proyecto para construir un parador nacional de turismo que sigue, en el mejor de los casos, "dormido" y lo mismo ocurre con otras infraestructuras anunciadas en noviembre del año pasado por el vicepresidente del Gobierno y ministro de Administraciones Públicas, Manuel Chaves, como la Autopista Dos Mares o la conversión de la N-I en autovía, proyectos que con los planes de reducción del gasto público pueden volver al cajón del Ministerio de Fomento.

El recrudecimiento de la crisis económica ha venido a generar muchas más dudas de las que ya había sobre la viabilidad de un plan que para ser efectivo tendría que estar en pleno desarrollo, sino concluido, antes de que Nuclenor eche la persiana en Santa María de Garoña en 2013. Y tampoco parece el mejor momento para asumir los cientos de millones de euros que costará desmantelar Garoña.

La central de Garoña ha realizado una recarga hace poco más de un mes y para el año que viene, en los primeros meses, hay prevista otra, la que corresponde al ciclo de dos años, con la que se llegaría al 2013, fecha en la que está previsto que la central más antigua del país cierre sus puertas o por lo menos deje de producir energía.

Primera y última

Garoña, inaugurada 1970, es la más antigua de las ocho que operan en estos momentos en el país y esa razón ha sido el principal argumento para ordenar su cierre, a pesar de que Consejo de Seguridad Nuclear avaló en su informe la posibilidad de que la planta obtuviera una prórroga de actividad de diez años y pudiera continuar operando hasta el año 2019, tal y como había solicitado Nuclenor, empresa propietaria que está participada al cincuenta por ciento por Endesa e Iberdrola.

En el caso de Garoña el informe favorable del CSN, que no es vinculante, no fue suficiente para que el Gobierno decidiera su continuidad, pero sí lo ha sido para la petición de un nuevo periodo de actividad diez años solicitado por la central de Almaraz (Cáceres) y también lo será para la solicitud de Vandellós (Tarragona), sobre la que esta semana el CSN ha aprobado un informe favorable a la solicitud de renovación hasta 2020.

Dentro de unos meses, el Gobierno central también se tendrá que pronunciar sobre la continuidad o no de otra central nuclear, en este caso de la de Ascó (Tarragona), su licencia caduca en 2011, en la que se detectó uno de los cinco incidentes más graves de la historia nuclear de este país al detectarse una fuga radioactiva, que no se dio a conocer hasta cuatro meses después de ocurrida, y que acarreó una multa de 15 millones.

Garoña ha sido, hasta ahora, la "sacrificada" para cumplir el programa electoral del PSOE.