Las palabras de Víctor Morlán, secretario de Estado de Infraestructuras, pronunciadas en Miranda el pasado jueves y que situaban la toma de una decisión sobre el futuro de la N-I por parte de Fomento a «dos años» vista, han alarmado a la sociedad de la provincia burgalesa, dado que un bienio para saber si se liberaliza la AP-I, se desdobla la N-I o se construye una autovía nueva entre Burgos y Armiñón es mucho tiempo para un asunto que urge.

Y se entienden aún menos cuando la Universidad de Burgos, a través del Departamento de Ingeniería e Investigación del Terreno y por encargo del Plan Estratégico, acaba de presentar un estudio, firmado por cuatro ingenieros y un geólogo, en el que se computan tanto los tiempos como las inversiones necesarias para ejecutar cualquiera de esas tres soluciones. «Hablamos del primer estudio serio e importante y basado en datos técnicos» sobre esta cuestión, enfatizó el presidente de la Mesa de Infraestructuras del Plan, Roberto Alonso, que ayer además ejerció de anfitrión en FAE.

El primer escenario sobre el que han trabajado es la liberalización total del peaje en el tramo entre Burgos y Armiñón, calculando un coste económico de 295 millones de euros. Para dar con la cifra, los autores del estudio han manejado los informes económicos anuales de la concesionaria y han sumado el lucro cesante (lo que dejarían de cobrar durante los ochos años largos que restan de concesión, 28 millones de beneficio en 2008) y las amortizaciones pendientes, que cifran en algo menos de 23 millones a fecha de noviembre.

Realizando una previsión del volumen de negocio que manejaría la concesionaria hasta 2018, la conclusión que defienden es que con 295 millones de euros se lograría la liberalización total, al ser dinero suficiente para pagarle a la propiedad todos los costes a amortizar y todo el beneficio que pudiera obtener.

El segundo escenario manejado es la construcción de una nueva autovía entre Burgos y Ameyugo, donde entroncaría con la circunvalación de Miranda, ya liberalizada. Tomando como referencia los precios de licitación actuales para valorar el coste de cada kilómetro, los autores secuencian la nueva carretera en cinco tramos, cada uno de ellos con su particularidad.

Además, y al contrario de lo que sucede con la autopista, la nueva vía contempla salidas a todos los municipios de sus márgenes. El coste calculado de esta infraestructura es de 453 millones de euros, mientras que el final de su ejecución se lleva hasta 2018, año en el que la AP-1 será liberalizada.

Desdoblamiento

La tercera opción sería desdoblar la N-I, lo que no es tan sencillo como invertir la mitad de lo que costaría hacer una autovía nueva, advirtieron los firmantes del estudio. Adaptar el diseño de lo ya existente a las condiciones de una vía de altas prestaciones, eliminar puntos negros, como la peligrosa curva de Calzada de Bureba, implementar variantes o salvar los Obarenes en Pancorbo con un túnel de 3,1 kilómetros encarecen esta posibilidad, que tendría un coste estimado de 355 millones y no se finalizaría, «siendo optimistas», hasta dentro de ocho años.

Ese plazo, ocho años, es el que se marca tanto para el desdoblamiento como para la construcción de una nueva autovía, un tiempo que, sumado al que según Morlán es necesario emplear para meditar la decisión final, situaría en el horizonte de 2020 cualquier solución alternativa a levantar las barreras de los peajes en la AP-1.

La Mesa de Infraestructuras del Plan Estratégico decidió encargar este estudio por la ausencia de datos fiables que manejar en el debate sobre el futuro de este corredor, tal y como explicó el gerente de la Asociación Plan Estratégico, Mario San Juan. Ahora ya hay un instrumento que soporte argumentos, sean cuales fueren.

Los autores, a través de la consultoría de la UBU Ingiter, son los profesores Víctor López Ausín, Sergio Ibáñez, Ana Belén Espinosa y Hernán Gonzalo (todos ingenieros de Caminos), y el profesor y geólogo José Ángel Porres.